“Las empresas canadienses han sido el grupo más importante implicado en desafortunados incidentes en los países en desarrollo”, concluye el informe obtenido por el Toronto Star. En estos incidentes, “Las empresas canadienses han desempeñado un papel mucho más importante que sus equivalentes de Australia, Reino Unido y los Estados Unidos”, según el Centro Canadiense para el Estudio de Conflictos de Recursos, un  grupo de reflexión independiente sin fines de lucro.

Los problemas relacionados con la minería de Canadá y las empresas de exploración van mucho más allá de las cuestiones laborales. “Las empresas canadienses tienen más probabilidades de estar involucradas en conflictos comunitarios, debido su comportamiento ambiental contrario a la moral y menos probable de estar involucradas en incidentes relacionados con problemas laborales”.

La investigación salió a la luz cuando llegó a su punto crítico una larga y feroz batalla política sobre una ley que quería reforzar el control del gobierno federal sobre las operaciones mineras canadienses en el extranjero. El proyecto de ley C-300, presentado por iniciativa personal del diputado liberal por Toronto, John McKay, debía ser sometido a votación en la Cámara de los Comunes la próxima semana (la propuesta fue votada el 27 de octubre de 2010 ndr).

La proporción de casos a nivel mundial que implican a las empresas canadienses es muy grande, según este informe. “De las 171 empresas identificadas en incidentes relacionados con la minería y las empresas de exploración en los últimos 10 años, el 34 % son canadienses”. El informe añade que este alto índice de responsabilidad de las empresas canadienses refleja su posición dominante de la industria canadiense en la minería y la exploración mundial.

Sin embargo, “esto no hace que las violaciones individuales o corporativas sean éticamente aceptables, especialmente teniendo en cuenta los esfuerzos de los últimos años realizados por la asociación de industrias y el gobierno para mejorar las prácticas de la industria canadiense”, subrayó el Centro.

La investigación del Centro fue pagada por la Prospectors and Developers Association of Canada   (PDAC) con sede en Toronto.  Fue terminada en octubre de 2009, pero nunca fue dada a conocer.

Según el estudio, las principales causas de los incidentes relacionados con las empresas mineras canadienses estaban relacionadas con los conflictos comunitarios, tales como “trastornos culturales y económicos, significativamente negativos de la comunidad de acogida, así como protestas importantes y violencia física”.

La segunda causa más frecuente de incidentes involucraba la degradación del medio ambiente a consecuencia de un comportamiento poco ético que, según  el Centro, tiene lugar en los países que están bajo embargo y donde prima la indiferencia y el descuido por los derechos humanos y  las leyes locales.

El informe señala que el gobierno canadiense y el sector industrial han dedicado mucho tiempo y dinero para inculcar los principios de responsabilidad social corporativa en las actividades mineras. “Sin embargo, cuando se examina la realidad empírica actual, los resultados revelan una imagen muy alejada de la ideal en relación a la responsabilidad social corporativa en el sector extractivo canadiense. Claramente, la comunidad minera y de exploración canadiense necesita cambiar su estrategia actual para mitigar los riesgos y mejorar sus relaciones con las comunidades, los gobiernos y la sociedad civil”.

Según los incidentes reportados, la extracción de oro, cobre y carbón fueron los más frecuentemente involucrados. Los cuatro países “candentes” por dar cabida a la mayor parte de los incidentes fueron la India, Indonesia, Filipinas y la República Democrática del Congo. Con relación a las zonas géograficas, sin embargo, América Latina registra la mayoría de los incidentes, seguida por África subsahariana y el sudeste de Asia. El Centro afirma que la mayoría de los incidentes fueron dados a conocer por informes de organizaciones no gubernamentales (ONG).

De parte de la industria minera canadiense hay acusaciones en contra de algunas ONG porque albergarían prejuicios anti-minero que habrían dado lugar a acusaciones exageradas e infundadas contra las empresas canadienses que operan en países en desarrollo.

Bernarda Elizalde, directora de los programas de desarrollo sostenible de la PDAC, contesta: “Estas son solo acusaciones y no hay casos probados”. Pero hace notar que los incidentes relacionados con las empresas canadienses fueron sólo seis al año y que “La investigación no proporcionó ninguna información nueva”. En una entrevista dijo además: “No hay nada nuevo, ya que sabemos que hay algunas cosas que tenemos que mejorar en las operaciones de la industria en el extranjero”. Y enfatizó que el estudio ha mostrado como, a menudo lo que aparece como problemas de derechos humanos, en realidad son problemas que surgen de la interacción de la empresa con la comunidad donde opera; “Así que lo que estamos tratando de hacer es dar las herramientas a las empresas para que entiendan cómo pueden comenzar a mejorar su relación con las comunidades, ser más incluyentes y respetuosas. Esta es la conciencia que estamos tratando de crear, pero es un proceso que se realiza paso a paso”. En su opinión, las mejoras llevaran tiempo.

El informe fue solicitado como parte de la investigación del sector industrial ocasionado por la discusión sobre el proyecto de ley C-300, como se dijo. Pero, una vez que PDAC recibió el estudio, se decidió no hacerlo público porque –según afirmó  Elizalde- se necesita una investigación más a fondo.

El martes (siguiente a la publicación de este artículo, ndr), los partidarios del proyecto legislativo de McKay para endurecer la regulación a las empresas mineras canadienses que operan en el extranjero se harán presentes en el Parliament Hill para presionar por la aprobación del proyecto. Presentado por primera vez en mayo de 2009, el proyecto de ley ha llegado más lejos en el proceso legislativo que la mayoría de las propuestas de iniciativa privada. Sin embargo se piensa que los resultados de la votación final el 27 de octubre sea  muy estrecha.

Los partidarios del proyecto de ley afirman que es necesario para frenar una larga historia de abusos en los países en desarrollo por parte de las empresas mineras canadienses. Pero la industria ha llevado a cabo una campaña sin cuartel contra la legislación ya que, según dicen, dañaría sus intereses comerciales, la sometería a acusaciones injustas y llevaría a hacer cumplir la política canadiense en naciones soberanas. (el resultado final fue muy estrecho, derrotado por sólo 6 votos, ndr).

Fuente:

Canadian mining firms worst for environment and human rights

Leer además el articulo: Entregarán sindicalizados canadienses informe de empresas mineras de México en su País  http://www.realidadoaxaca.com/entregaran-sindicalizados-canadienses-informe-de-empresas-mineras-de-mexico-en-su-pais/  

Y si usted conoce el francés,  mire este programa de France Culture "A qui profite la mine" http://www.franceculture.fr/emission-culturesmonde-vingt-mille-lieux-sous-la-terre-voyage-dans-l%E2%80%99enfer-minier-44-a-qui-profite-l