"La decisión de terminar el TPS para El Salvador se tomó después de una revisión de las condiciones relacionadas con el desastre en las que se basó la designación original del país". "Sobre la base de una cuidadosa consideración de la información disponible, incluidas las recomendaciones recibidas como parte de un proceso de consulta interinstitucional, el Secretario determinó que las condiciones originales causadas por los terremotos de 2001 ya no existen". El TPS había permitido a los inmigrantes de El Salvador vivir y trabajar en los EE. UU. desde cuando los terremotos destruyeron parte de esta nación centroamericana. Por lo tanto, el TPS para los salvadoreños toma su fin.

Sin embargo, Donald Kerwin, Director Ejecutivo del Centro de Estudios de Migración (CMS), en una declaración afirma que la decisión concierne a uno "200.000 salvadoreños con fuertes y profundos lazos con los Estados Unidos". Según la investigación del CMS, el 88% de los salvadoreños beneficiarios de TPS tiene un trabajo, un gran número de ellos tiene propiedades, tienen 192.700 niños ciudadanos estadounidenses y, en un promedio, han vivido en los Estados Unidos por 21 años. El gobierno de El Salvador ha repetidamente afirmado que el regreso de unos 200.000 ciudadanos será desestabilizador: El Salvador no puede asegurar su retorno seguro y productivo, y no pueden permitirse perder el dinero que envían a sus familias". Además, explica: "Si bien la administración Trump declara que acoge a inmigrantes legales, continúa destruyendo los programas legales de inmigración y marginando a las familias inmigrantes. En los últimos cuatro meses, la administración ha establecido un techo de reasentamiento de refugiados sin precedentes (y las admisiones de refugiados se han reducido a un goteo). También desmanteló el programa de Menores Centroamericanos (CAM), que permitía a los niños refugiados de los estados del Triángulo Norte unirse a sus padres legalmente presentes en los Estados Unidos. Además, dio por terminado el TPS para los nacionales de Haití, Nicaragua y Sudán. Estas decisiones vinieron después de su decisión de terminar el programa DACA en su sigla inglés - que era la suspensión de toda medida contra la llegada de niños -, sin ofrecer nada a cambio, pretextando preocupaciones exageradas y poco coherentes por la liberalidad de los ejecutivos. El presidente también se ha comprometido a reducir la inmigración familiar (que los funcionarios de la administración llaman "migración en cadena") y la eliminación del programa de diversificación de los visas. Él ha definido estos dos programas como una amenaza para la seguridad de la nación. Los ataques a los programas de migración legal y de refugiados se han convertido en una característica típica de esta administración. La declaración de Donald Kerwin termina afirmando que esta última "decisión crea muchos perdedores y ningún ganador”. Los perdedores son los destinatarios del TPS, sus empleadores, sus hijos ciudadanos estadounidenses, sus comunidades estadounidenses, El Salvador y la economía de los Estados Unidos. El estado de derecho es otro perdedor, ya que la decisión hará des inmigrantes legales que trabajan duro a personas sin estatus y obligará a los beneficiarios del TPS y sus hijos estadounidenses a regresar a comunidades plagadas de violencia sin ninguna perspectivas económicas. La decisión también conducirá a una mayor migración ilegal de El Salvador a los Estados Unidos, porque los deportados buscarán volver a reunirse con sus familiares en los EE.UU. Hacemos un llamamiento al Congreso – concluye la declaración- para que proporcione un estatus legal permanente a esta población y otras nacionalidades que han visto rescindida su elegibilidad para el TPS". El Congreso tiene ahora 18 meses para aprobar una legislación que proteja a los inmigrantes salvadoreños o su estatus legal será revocado, de acuerdo con una carta de la que el Washington Post ha tenido visión. De toda manera, esta situación arruina la vida de casi 100.000 familias: ¿seguirían arriesgándose a una deportación repentina con la esperanza en una nueva insegura legislación o abandonarán el país? ¿Lo harán con o sin sus hijos? Si El Salvador no puede garantizar un retorno seguro y productivo a unos 200.000 ciudadanos nacionales, ¿cómo enfrentará la migración de 263.000 adultos y personas mayores con sus 192.700 niños ciudadanos de los EE. UU?