De acuerdo con el último informe de Front Line Defenders, publicado a principios de enero del 2018, 312 defensores de los derechos humanos y ambientales (DDHE) fueron asesinados en 27 países en el 2017. Más de dos tercios de ellos defendían los derechos indígenas a la tierra y del medio ambiente, y casi siempre en el contexto de megaproyectos de la industria extractiva y de las grandes empresas. A pesar de esta violencia, son más numerosos que nunca los que luchan por los derechos más variados, en cada vez más países. Cabe notar que el 80% de las muertes se produjo en sólo cuatro países: Brasil, Colombia, México y Filipinas.

Los conflictos casi siempre estallan en el contexto de los megaproyectos de la industria extractiva, de la agricultura industrial o del turismo (ecoturismo a menudo ficticio) y otros proyectos de grandes empresas. Para los activistas, se trata de defender las tierras y los derechos que los pueblos indígenas tienen sobre ellas. En el mejor de los casos, los gobiernos y las fuerzas de seguridad simplemente no responden a las amenazas y ataques que sufren los defensores de los derechos humanos. En los peores de los casos para los defensores de estos derechos, las mismas fuerzas de seguridad del Estado son las responsables de las matanzas.

La mayoría de los inversores internacionales y sus empresas matrices, cuyos fondos y apoyo han ayudado a poner en marcha estos proyectos, no reconocen los derechos de las comunidades locales y no se dan el trabajo de consultarlas en la etapa de planificación de los proyectos, incluso cuando legalmente deben hacerlo, lo que aumenta el riesgo de confrontación.

Impunidad de los asesinos y diversificación de las amenazas

Front Line Defenders estima que más de 3.500 defensores han sido asesinados desde la creación de la Declaración de la ONU acerca de los defensores de los derechos humanos, suscritos en 1998, por lo que su protección se vuelve una prioridad.

Menos del 12% de los asesinatos resultó en el arresto de sospechosos. La impunidad de la violencia contra los defensores de los derechos humanos y ambientales la alienta, dijo Front Line Defenders, así como una falta crónica de protección para los que corren un reconocido peligro. Entre los casos en que se recogieron los datos de amenazas, el 84% de los defensores asesinados había recibido al menos una amenaza de muerte, hecha antes de su asesinato. La débil respuesta de los gobiernos y la comunidad internacional no da esperanzas de que esto cambie en el corto plazo.

Los defensores de los derechos humanos y ambientales ponen en riesgo sus vidas porque desafían dictadores, corporaciones destructivas, conservadores religiosos y regímenes opresivos que desarrollan contra ellos una estrategia de difamación, criminalización y de violencia orquestada y coordinada para intimidar, marginalizar y amordazar a estos activistas pacíficos.

Algunas buenas noticias, sin embargo

Una nueva era parece haberse abierto en Gambia, después de las elecciones a finales del 2016, las que llevaron al poder a Barrow Adama. Los defensores ambientales y de derechos humanos del país dicen que el nuevo presidente ha ampliado mucho el espacio de la libertad de expresión, después de los 23 años de gobierno autoritario de Yahya Jammeh.

Otra señal alentadora es que en enero un tribunal de apelaciones de Canadá permitió a un grupo de siete defensores de los derechos ambientales y humanos de Guatemala que interponga un recurso contra Tahoe Resources, una empresa minera canadiense que había reprimido violentamente una manifestación pacífica en contra de la mina de plata Escobal. Este precedente podría obligar a las empresas mineras canadienses a mejorar sus estándares de derechos humanos, en particular en lo que concierne el respeto de quienes protestan contra el impacto destructivo de la minería.

Uzbekistán, uno de los países más represivos de Asia, ha anunciado la liberación anticipada de varios defensores del medio ambiente y de los derechos humanos que han pasado muchos años en la cárcel. Azam Farmonov, Ganihon Mamathanov y Salizhon Abdurajmanov fueron puestos en libertad, mientras que el periodista Jamshid Karimov fue habilitado para salir de una prisión psiquiátrica.

Otro paso positivo se puede ver en el gobierno uzbeko ya que ha invitado al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para que visite el país en mayo, tras años de aislamiento internacional. También se enviaron invitaciones a representantes de ONGs internacionales. Pero a pesar de estos desarrollos prometedores, a finales del 2017 tuvieron lugar nuevas detenciones de periodistas.

Por el contrario hubo otro asesinato en Perú. The Guardian informa que, en la noche del 30 de diciembre del 2017, José Napoleón Tarrillo Astonitas, de 50 años, fue atacado en su casa por cuatro hombres. Su esposa, Flor Vallejos, le dijo a la policía que lo habían atado de manos y pies, lo habían golpeado con palos y estrangulado con un cable eléctrico, y que ella, estando cubierta con una manta, había sido obligada a escucharlo todo. La Sra. Vallejos declaró a una estación de radio nacional que los atacantes le dijeron que habían sido pagados para matarlo. Un jefe de policía local afirmó que una investigación sobre el asesinato había sido abierta y que los asesinos estaban siendo buscados.

Napo, era su apodo, estaba en contra de los traficantes que habían tomado posesión de algunas partes de la reserva ecológica de Chaparrí, la cual habían deforestado y en ella plantado cultivos. La reserva es rica en vida silvestre única, incluyendo a los osos de anteojos que son como el oso Paddington. Vallejos dijo que su esposo había recibido amenazas de muerte por parte de miembros de su comunidad por su oposición a la deforestación y a la destrucción en la reserva. "Fue amenazado nuevamente dos días antes de su muerte", dijo también Juan Carrasco, miembro de la comunidad agrícola de Muchik Santa Catalina en Chongoyape, en la región de Lambayeque, en el norte de Perú. "Sin embargo, él era un hombre valiente que nunca perdía los estribos. Solía decir que teníamos que organizar nuestra propia patrulla para expulsar a los invasores porque ¡las autoridades no harían nada!"