Los militares son los vándalos privilegiados del medio ambiente. Sus actividades cotidianas están por encima de la ley civil y están protegidas del escrutinio público y gubernamental, incluso en las "democracias" (Joni Seager, Patriarcal Vandalism. Militarism and Environment 1999, p. 163). El 10 de noviembre, en el panel virtual de la COP 27, The Military Emission Gap. Annual Update 2022, apareció el informe Estimating the Military’s Global Greenhouse Gas Emissions, de Stuart Parkinson, director de Scientists for Global Responsibility (SGR), y Linsey Cottrell, responsable de política medioambiental del Conflict and Environment Observatory (CEOBS). El informe pretendía reafirmar la necesidad de incluir el sector militar mundial - una de las principales partidas del gasto público y que consume una enorme cantidad de combustibles fósiles - en el recuento de fuentes de contaminación por gases que alteran el clima.

Desde el Protocolo de Kioto de 1997, el deseo de los gobiernos de evitar posibles restricciones a las actividades militares ha estado detrás de la exención concedida a las fuerzas armadas de varios países de informar sobre sus emisiones a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).

"Las directrices del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC)", señala el informe, "estipulan que los países deben informar a la CMNUCC sobre el alcance de las emisiones de las actividades militares, pero el Acuerdo de París de 2015 hizo que estos informes fueran voluntarios". Los problemas resultantes han sido en gran medida pasados por alto por la comunidad científica del clima, y el último informe del IPCC, el sexto, solo menciona de pasada el sector militar" que, por tanto, no forma parte de las negociaciones sobre los objetivos de reducción de emisiones en el marco de la CMNUCC.

Los datos sobre las emisiones de las actividades militares, aunque fragmentarios, incompletos o incluidos (ocultos) dentro de otras categorías de actividades civiles, como la aviación y el transporte marítimo, pueden sin embargo servir de base para estimar la huella de carbono del sector militar mundial.

Un primer indicador es el gasto militar. Según Climate Watch 2022, en 2019, alrededor del 60 % de las emisiones mundiales procedían de diez países - China, Estados Unidos, India, Indonesia, Rusia, Brasil, Japón, Irán, Canadá y Arabia Saudí -, países que, a excepción de Indonesia, también aparecían entre los veinte con mayor gasto militar.

Otro indicador es el tamaño del personal de las fuerzas armadas. A partir de las estadísticas de personal y otras fuentes militares o independientes, Parkinson y Cottrell extrapolaron datos sobre Estados Unidos, Reino Unido y Alemania para estimar las emisiones medias de CO2 per cápita de las actividades militares estacionarias: Reino Unido (2017 a 2019), 5 toneladas; Alemania (2018 a 2019), 5,1 toneladas; y Estados Unidos (2018), 12,9 toneladas. Aunque estas cifras se refieren solo a tres países, juntos representan el 45 % del gasto militar mundial, el 14 % de las emisiones totales y el 9 % del personal militar en activo.

La extrapolación a partir de otras fuentes, tanto militares como independientes, de datos sobre actividades móviles y de adquisición, permitió evaluar globalmente las emisiones mundiales del sector militar en 1.600 - 3.500 millones de toneladas (valor medio: 2.750), lo que representa entre el 3,3 % y el 7 % de las emisiones mundiales (valor medio: 5,5 %).

No me detendré en los criterios y métodos de cálculo utilizados para elaborar las estimaciones (para lo que me remito a las páginas 3 y 4 del informe), sino únicamente en las estimaciones globales de las huellas de carbono en millones de toneladas desglosadas por regiones geopolíticas.

¿Cómo se puede evaluar la magnitud de las emisiones de las actividades militares a partir de estas estimaciones? Se pueden comparar, por ejemplo, con las de los carros particulares, que en 2019 ascendieron a 3.200 millones de CO2 y de las cuales las emisiones militares no representarían que el 85%. En conjunto, si las fuerzas armadas del mundo constituyeran una nación, sería la cuarta en emisiones de CO2 después de China, EEUU e India y tendría valores superiores a las emisiones de Rusia.

Estas cifras, alarmantes en sí mismas, están enormemente subestimadas. De hecho, referidas a un periodo anterior a 2020, no incluyen los cambios ocurridos con la pandemia, ni los derivados de los incrementos del gasto militar desde el estallido de la guerra en Ucrania, ni las emisiones causadas por los impactos de los conflictos bélicos - explosiones, incendios y otros daños a infraestructuras y ecosistemas -, ni las derivadas de las actividades de reconstrucción posconflicto, ni las relacionadas con la atención a los supervivientes. Perspectives Climate Group ha realizado estimaciones parciales de algunas de estas actividades. Todos estos factores, si se tuvieran en cuenta, elevarían considerablemente las cifras de por lo menos el 5,5%.

Para comprender el verdadero tamaño de la huella de carbono de las fuerzas armadas en el mundo, según las conclusiones, se necesitan nuevas formas de recopilación y procesamiento de datos. Herramientas útiles para ello son los criterios desarrollados por CEOBS en su reciente publicación

Framework for Military Greenhouse Gas Emission Reporting dirigida a fuerzas armadas, gobiernos y organizaciones de la sociedad civil.

Las estimaciones presentadas por SGR y CEOBS ofrecen, a quienes llevan años (académicos, científicos, organizaciones pacifistas y de la sociedad civil) abogando por una información detallada y transparente sobre el verdadero alcance de las emisiones de CO2 de todas las actividades militares, datos concretos, argumentos sólidos e indicaciones precisas en los que basar la investigación y las intervenciones.

Sin embargo, las emisiones de CO2 no son el único indicador del impacto de las actividades militares sobre el clima. Actividades extremadamente destructivas son, por ejemplo, las relacionadas con la geoingeniería, destinadas a alterar el clima para utilizarlo como arma de guerra, concebidas y llevadas a cabo en secreto.

 El compromiso de incluir las emisiones de CO2 de las actividades militares podría ser un primer paso no sólo hacia su reducción, sino, lo que es más importante, hacia la ruptura del velo de silencio, privilegio y secretismo que envuelve la actividad militar y su destructividad, la protege de la responsabilidad pública e infunde en las organizaciones militares un sentido de superioridad por sus objetivos y, por ende, de invulnerabilidad.

Véase, Gas serra e attività militari