La agricultura y la crisis alimentaria han sido temas de alto perfil en la agenda de las reuniones del Banco Mundial en 2012, pero aumentan las voces críticas debido al enfoque del Banco sobre la volatilidad de los precios de los alimentos (Boletín 77). Una reciente profunda investigación del Instituto Oakland (EEUU) plantea graves cuestionamientos sobre la política agrícola de los funcionarios del Banco. El informe implica al GBM en el aumento de las adquisiciones de tierras en los países en desarrollo por parte de inversores privados y países ricos, que los críticos llaman directamente “rapiña global de la tierra” (Boletines 72, 68).

La investigación publicada entre marzo y junio de 2011, analiza una serie de apropiaciones de tierras en países africanos y comprueba que estas compras a menudo han sido hechas por grandes inversionistas institucionales, con escasos controles, y han producido pocos de los beneficios prometidos a las poblaciones locales; al contrario están desalojando a miles de pequeñas comunidades agrícolas de sus tierras ancestrales, creando una grave inseguridad alimentaria y causando la destrucción del medio ambiente.

En un blog de la agencia Reuters, Joan Baxter, una investigadora del Instituto Oakland, afirma que “más que cualquier otra institución u organismo, el GBM ha estado promoviendo la inversión extranjera directa en África, permitiendo la rapiña de la tierra”. Sus exhaustivos reportajes sobre Malí y Sierra Leona, revelan cómo el GBM “ha formado un entorno económico, fiscal y legal... de manera  a favorecer la adquisición de grandes extensiones de tierras fértiles por parte unos pocos intereses privados en lugar de aportar soluciones a la pobreza y al hambre”.

El Instituto Oakland encuentra que el Banco Mundial, a través de una serie de diferentes políticas, ha orquestado cambios para priorizar la agroindustria comercial a gran escala a través de la atracción y promoción de inversiones agrícolas extranjeras. El Servicio de Asesoramiento a la Inversión Extranjera y el encargo de Remover las barreras administrativas a los programas de inversión, ambos proyectos de la Corporación Financiera Internacional (IFC), el brazo del sector privado del Banco, han “estado trabajando - a menudo detrás de las escenas - para que los países africanos reformaran sus leyes sobre la tierra y sus regímenes fiscales para hacerlos atractivos para los inversionistas extranjeros” (Boletín 68). El Banco ha financiado la reforma de los mecanismos legales que promuevan rápidos cambios en las leyes de tenencia de la tierra, “impulsados por el deseo de facilitar la inversión agrícola a gran escala”.

El Banco ha estado también financiando a las agencias que, en los países africanos, promueven las inversiones cuando logran ponen a los asesores del sector privado en los principales ministerios del gobierno, incluyendo las oficinas presidenciales. Esta fue el eje del proyecto de Apoyo al Crecimiento de Malí, financiado por un préstamo de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), el brazo derecho del GBC para los países de bajos ingresos. Los sueldos de los directores de la agencia de promoción de inversiones en Malí son pagados con un préstamo de la AIF. La agencia incluye también consultores de la CFI y garantiza las inversiones a través de la Agencia de Garantía de Inversiones Multilaterales (MIGA), organismo del seguro de riesgos del Banco.

Baxter observa que estas agencias “están desarrollando y difundiendo un verdadero paquete de incentivos no sólo para atraer la inversión extranjera sobre las tierras de cultivo, sino también para garantizar el máximo beneficio para los inversores. Estos incluyen exenciones fiscales muy generosas por 10 o incluso 30 años, cero por ciento de impuestos sobre importaciones, y fácil acceso a grandes extensiones de tierra, a veces más de 100.000 hectáreas. Los inversores sólo tienen que pagar un puñado de dólares por hectárea al año por la tierra y, en Malí, a veces ni siquiera pagan renta alguna”.

Los principio RAI son defectuosos

Los informes de Sierra Leona y Malí argumentan también que las adquisiciones de tierra facilitadas por las políticas de promoción del GBC no respetan los principios del propio Banco sobre la inversión agrícola responsable a gran escala (RAI en inglés, Boletines 76 y 71). El informe sobre Sierra Leona dice que los principios RAI son “vagos y mínimos”, y que “se basan en el polémico principio de que la agroindustria y el uso del suelo pueden aumentar la producción de alimentos e impulsar el crecimiento económico en los países receptores”; y esto sin “tener en cuenta los interrogantes sobre los enormes riesgos y las injusticias inherentes a la substracción generalizada de tierras por inversores y países extranjeros”. El informe demuestra que los negocios de la tierra en Sierra Leona no cumplen con los principios RAI; el informe sobre Malí, por su parte afirma que “el Banco ignora sus propios principios al apoyar instituciones y reformas políticas que los pasan por alto”.

Los RAI han sido también objeto de críticas, en un reciente comunicado de prensa de movimiento social Vía Campesina, por legitimar el acaparamiento de tierras comunitarias. Publicado antes de la reunión de ministros de Agricultura del G-20 en junio, el comunicado afirma que la “iniciativa del Banco Mundial de hacer el acaparamiento de tierras socialmente más aceptable no es ninguna solución. Los Principios para la Inversión Agrícola Responsable (RAI) se vuelven una legitimación  del acaparamiento de tierras a detrimento de los pequeños agricultores”.

Mientras tanto, la CFI ha abandonado la propuesta de una controvertida inversión con una empresa acusada de acaparamiento de tierras. Había planeado prestar US$ 30 millones a Calyx Agro Ltd, filial argentina de una empresa francesa de materias primas: Calyx Agro posee tierras agrícolas a través de Sur América. En junio de 2011, un grupo de ONGs y movimientos sociales, incluyendo a Vía Campesina y Enfoque en el Sur Global, envió una carta al jefe de la CFI, Lars Thunell, oponiéndose a esa inversión. La carta afirma que “en estos momentos en que los movimientos sociales en América Latina y en todo el mundo están pidiendo de terminar con el acaparamiento de tierras” y cuando muchos gobiernos de la región están tomando medidas para restringir la inversión extranjera en sus tierras de cultivo, es inaceptable que una institución multilateral como el Banco Mundial ofrezca apoyo directo a algunos de los actores más importantes del mundo involucrados en ese acaparamiento de tierra”.

Fuente : http://www.brettonwoodsproject.org/art-569096