Justicia, Paz, Integridad<br /> de la Creación
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Por la defensa del agua y el derecho a vivir bien

Kinshasa 07.09.2021 Jpic-jp.org Traducido por: Jpic-jp.org

El día 23 de agosto 2021 en el campamento Tacagua de Challapata, Oruro (Bolivia) gracias al apoyo del Colectivo CASA, se reunieron unos 150 miembros de las comunidades que constituyen la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra. Su preocupación era la amenaza de las compañías mineras en su pretensión de explorar con finalidad de explotar sus territorios. La finalidad de este apthapi era aunar esfuerzos en defensa los derechos colectivos, entre ellos el Derecho al Agua, a la libre determinación y al vivir sin contaminación, negando a las minerías el acceso a sus territorios.

Apthapi significa traer y es una práctica comunal andina donde, sin restricciones ni jerarquías, se comparten los alimentos, las ideas, los sentimientos, los saberes y las decisiones. Es una tradición que se acerca al suma jakaña o suma qamaña, el buen vivir.

Al centro, uno de los tantos conflictos por la tierra, el agua y otros recursos naturales que desembocan en las violaciones de los derechos humanos, sociales y económicos de las minorías y de los pueblos indígenas, lo que echa sombras sobre la calidad humana de nuestro futuro a todos.

Por otro lado, era también una de las múltiples iniciativas comunitarias y de las sociedades civiles que abren el corazón a la esperanza, por cierto matizada de paciencia al saber “que nada es para mañana”, de obtener un cambio en la mentalidad explotadora de las multinacionales.

Sin embargo, este multiplicarse de iniciativas en la defensa del agua, del territorio, de los derechos humanos en contra de los abuso de las multinacionales sobre todo mineras, cuestionan también la misma defensa: ¿si existen, cuáles son las bases comunes de todas estas acciones? ¿Por qué no logran avances significativos? En último análisis, ¿Por qué se dan tantos conflictos sin solución?

En Tacagua junto a los representantes de las comunidades se encontraban las autoridades tradicionales de los 7 ayllus de la marka Challapata, la Asociación de Usuarios de un Sistema de Riego, las autoridades civiles de las comunidades Acallapu y Tolapujro Cepeda, las autoridades tradicionales de Tapacari Condor Apacheta y Collpaña y Ataraque, respectivamente de los municipios de Peñas y Caracollo. Es decir, en Tacagua estaban todas las autoridades administrativas y civiles, junto a los representantes de la sociedad civil y tradicional.

Cabe mencionar que, en el lenguaje quechua, un determinado espacio es un ayllu. Cuatro Ayllus forman una marka que, por ende, es una asociación de ayllus. Un ayllu se compone de unos 500 habitantes.

En Tacagua, el apthapi inició con un compartir de productos locales: quinua, haba, papa, queso, y yogures producidos en Challapata gracias al agua de la represa de Tacagua. Sin embargo, la razón del encuentro era el miedo de las comunidades de ser pronto víctimas de explotación por parte de compañías mineras. Estas comunidades son agro ganaderas y lecheras, y son altamente productiva: por ende, no quieren abandonar esta vocación tradicional, lo que les exige oponerse al ingreso de las compañías mineras en sus territorios. La experiencia enseña que las minerías conllevan múltiples y muy negativos impactos ambientales y sociales, y constituyen una amenaza sobre todo sobre las fuentes de agua tan necesaria a la producción agro-lechera.

Durante el apthapi, entonces, la comunidad se pronunció públicamente en contra del ingreso de las minerías y denunció la complicidad de la AJAM (Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera) con los actores mineros, menoscabando el derecho a la Consulta Previa Libre e Informada de la comunidad. La AJAM es una entidad con personalidad jurídica propia pero está bajo la tuición del Ministerio de Minería y Metalurgia. Es la encargada de la dirección, administración, registro, control y fiscalización de la actividad minera en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia. Esta colusión del Estado con intereses privados ha ocurrido ya en Challapata donde más de 50 irregularidades abrieron camino al pedido de anular el proceso. Resultaba que la consulta había sido con representantes indígenas “comprados” por las minerías. Este hecho ha provocado sospechas y resentimientos de las comunidades indígenas en contra de la AJAM.

Los Pueblos Indígenas de Collpaña, Caracollo, Tapacari Condor Apacheta de Peñas y Challapata exigieron entonces que las autoridades respeten las decisiones del apthapi de Tacagua porque allí eran las comunidades enteras quienes habían ejercido su libre determinación decretando el “ingreso cero a la minería” en sus territorios.

El pronunciamiento pedía, además, que se respeten los derechos de las mujeres porque son las primeras en sufrir de los impactos mineros y que se retome la discusión y aprobación de la Ley Marco de Agua para la Vida. Esta ley quiere modificar la ley minera en lo que atenta al derecho de los Pueblos Indígenas al uso del agua en sus territorios. El apthapi se concluyó con un gesto simbólico, la entrega de jarrones de agua para sellar el compromiso de luchar unidos en defensa del agua, del derecho a la libre determinación, y a que luego las decisiones sean respetadas.

El apthapi de Tacagua pone en tela de juicio la actividad minera pero pone interrogantes también a la acción de abogacía. De un lado, un País como Bolivia en pos de su desarrollo no puede pasarse de aprovechar las riquezas del subsuelo. Por otro lado, no respetar los derechos indígenas a la autodeterminación en un País que por constitución se declara Estado Plurinacional, es altamente conflictivo además que contradictorio. Cabe, entonces, la pregunta: ¿Por qué esta falta de inclusión? ¿Por qué no se acepta la complexidad de los problemas y se buscan con sinceridad soluciones compartidas que respeten a la vez los derechos de las comunidades indígenas y los intereses de la comunidad nacional?

De todas partes se acepta que los derechos individuales terminan donde inician los de los demás. Entonces, ¿Por qué no se aplica este principio a la confrontación entre los derechos de las minorías, de grupos de individuos, de pequeñas comunidades o pueblos que sean, y cómo hacerlo? ¿Dónde situar el punto de encuentro y de equilibrio entre los derechos individuales cuando se enfrentan a los intereses de la comunidad, de los derechos de las minorías, de las pequeñas o numerosas comunidades indígenas o locales frente a los derechos de las más anchas comunidades nacionales? Y, por ir más lejos, ¿los derechos de cada país frente a los de la comunidad internacional, o sea de la comunidad humana en su complexa universalidad?

Ver Comunidades se reúnen en defensa del agua y exigen que se respete su libre determinación a vivir sin contaminación y otra información en Colectivo Casa

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