En Estados Unidos, la vigilancia sobre los daños causados por las actividades humanas al medio ambiente es responsabilidad de la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA), una institución federal independiente del gobierno, creada en 1970. Su función principal es elaborar y hacer cumplir la normativa medioambiental, pero también realiza labores de investigación e información.

En caso de infracción grave, puede iniciar investigaciones y procedimientos judiciales, que suelen dar lugar a multas. Algunas de estas multas pueden ser sustanciales. A finales de mayo, por ejemplo, Eastman Chemical Resins Inc. fue condenada a pagar 2,4 millones de dólares por verter sustancias contaminantes en el río Monongahela, cerca de su planta de Pensilvania.

Las consecuencias financieras de estas multas no se limitan a su cuantía, porque lo principal para las empresas en este contexto es mantener su reputación. Así lo han demostrado claramente varias investigaciones realizadas en las dos últimas décadas. Cuando se anuncia una multa por daños medioambientales, el valor de las acciones de una empresa que cotiza en bolsa puede caer significativamente.

La capacidad de recuperación de las organizaciones es otro aspecto de la resiliencia. En el ámbito de las finanzas, algunos trabajos recientes han propuesto evaluar la capacidad de recuperación en función de dos características principales: la estabilidad, que se mide por el porcentaje de valor perdido entre el periodo anterior a la multa y el periodo posterior, y la flexibilidad, medida por el tiempo que tarda ese valor en volver a su nivel anterior a la multa. El objetivo de nuestra investigación es comprender mejor cómo la organización logre maximizar estas características en el ámbito medioambiental.

Sanciones que repercuten en el mercado de valores

Una serie de argumentos teóricos permiten suponer que existe un vínculo entre la huella medioambiental de una empresa y su capacidad para recuperarse tras una multa por infringir la legislación medioambiental. Cabe plantear la hipótesis de que la aplicación de procesos internos para reducir la contaminación puede ofrecer a una organización ventajas competitivas sostenibles y un mayor apoyo de las partes interesadas.

Queríamos comprobar empíricamente si este argumento era válido. Para ello, recopilamos artículos que anunciaban multas de este tipo en la prensa especializada. Cruzamos la información que contenían con datos sobre la huella medioambiental y la información financiera de la empresa en cuestión en torno a la fecha del acontecimiento en cuestión. En total, se analizaron 143 sucesos en Estados Unidos.

Las multas impuestas en nuestra muestra oscilaron entre 3.000 y más de 300 millones de dólares entre 2006 y 2019, con una media de unos 10 millones. Afectaban principalmente a empresas que operaban en industrias contaminantes. En los días posteriores a la sanción, las empresas perdieron una media del 9% de su valor bursátil, y tres cuartas partes consiguieron recuperar su valor anterior al shock en menos de dos meses.

Nuestro análisis muestra que cuanto más una empresa perjudica el medio ambiente, menos flexible es ante el anuncio de una multa medioambiental. En otras palabras, las empresas menos virtuosas con el medio ambiente tardan más que las demás en recuperarse y tienen menos probabilidades de recuperar su valor bursátil anterior a la crisis. Podría pensarse que este fenómeno está relacionado con la cuantía de la multa, y que las empresas más contaminantes se recuperan peor porque están sujetas a multas más elevadas. Nuestros cálculos nos permiten superar este sesgo: la relación sigue siendo igual de significativa cuando se tiene en cuenta este factor.

Pero, ¿son las multas demasiado leves?

Esto sugiere que las empresas que han introducido políticas de prevención de la contaminación no sólo reducen el riesgo de ser objeto de multas. También las hacen más resistentes en los mercados financieros en caso de que esto ocurra.

El hecho de que las multas supongan un choque financiero para las empresas también es un punto importante. Sin embargo, nuestros resultados sugieren que, en el estado actual de las políticas anticontaminación, al menos en EE.UU., la cuantía de las propias multas tiene poco efecto sobre el choque sufrido por las empresas.

Esto pone en duda la capacidad disuasoria de la normativa vigente y plantea la cuestión del nivel óptimo de las multas y la intensificación de los esfuerzos de control de la contaminación, sobre todo en el caso de los reincidentes.

La lucha contra los trastornos climáticos y ecológicos exige esfuerzos por parte de todas las organizaciones, especialmente las que tienen una gran huella medioambiental. Tendrán que adaptarse a normas y reglamentos cada vez más estrictos. Nuestra investigación es tanto más alentadora para emprender este camino en cuanto nos lleva a creer que confiere ventajas en términos de resiliencia financiera que van más allá de la mejora de las relaciones con las partes interesadas y de los beneficios para el planeta.

*Brice Foulon Doctorando en Finanzas y RSE, Université Clermont Auvergne (UCA) y

Sylvain Marsat Profesor de Finanzas, Universidad de Clermont Auvergne (UCA)

Véase, Sanctionner les entreprises pour atteinte à l’environnement : les mauvais élèves le paient aussi en bourse