En la madrugada del 30 de agosto, soldados de la Guardia Republicana y otras unidades del ejército nacional asaltaron una iglesia y una emisora de radio pertenecientes a la secta conocida como Agano la Uwezo/Wazalendo (Iglesia de los Patriotas, en swahili) en Goma, capital de la provincia de Kivu del Norte, en el este de la República Democrática del Congo (RDC). La secta había anunciado su intención de manifestar contra la misión de mantenimiento de la paz de la ONU, o MONUSCO, así como contra la fuerza de la Comunidad de África Oriental, que ha sido desplegada para frenar la violencia de los grupos armados en el este del País en agosto de 2022, y contra las ONG occidentales que operan en la zona.

Aunque las autoridades provinciales habían prohibido la protesta, los miembros de la secta se habían reunido en la iglesia esa mañana. Testigos presenciales informaron de que soldados de élite, equipados como si se enfrentaran a enemigos armados, mataron a tiros a decenas de civiles, hirieron y detuvieron a muchos más, y arrojaron los cuerpos de los muertos en la parte trasera de unos camiones militares antes de prender fuego a la iglesia.

Cuando los vídeos de la matanza empezaron a circular por las redes sociales, las autoridades provinciales cifraron provisionalmente el número de muertos en seis civiles más un policía linchado por los lugareños. Mientras tanto, el gobernador militar de Kivu Norte, el general Constant Ndima, calificó a la secta de grupo de bandidos armados en un aparente intento de justificar la masacre. Al día siguiente, el gobierno revisó al alza el balance de víctimas, anunciando que había 43 muertos (posteriormente ajustado a 51), 56 heridos y 138 detenidos; declaró que los arrestados serían juzgados por actos de conspiración criminal y participación en un movimiento insurreccional.

En un incendiario comunicado de prensa, el portavoz del gobierno, Patrick Muyaya, trató de incriminar a la secta acusando a sus miembros de atentar contra el orden público, afirmando que habían matado a pedradas a un agente de policía y que esto había provocado la intervención de las fuerzas de seguridad. Muchos observadores afirman que, por el contrario, el linchamiento se produjo después de que los soldados habían abierto el fuego.

La torpe respuesta de las autoridades, en lugar de calmar la indignación de la población, avivó el fuego. Los habitantes de Goma no se explicaban la crueldad de la redada, extraordinaria incluso para los pobres estándares de derechos humanos del País. Kinshasa, consciente de los ánimos de la población, cambió de actitud. El 1 de septiembre, el presidente Félix Tshisekedi exigió a su gobierno que esclareciera la "espantosa tragedia". Al día siguiente, tras una rápida visita a Goma de los principales ministros del gobierno, las autoridades detuvieron a dos altos oficiales de la Guardia Republicana y a cuatro soldados por su presunta implicación en el asalto, y declararon que serían juzgados de inmediato. Kinshasa también llamó al gobernador militar, Ndima, "para consultas". Ndima ha sido la máxima autoridad en Kivu Norte desde mayo de 2021, cuando Tshisekedi puso la provincia, junto con la adyacente Ituri, bajo "estado de sitio" para hacer frente a las decenas de grupos armados extranjeros y locales que operaban en la zona.

Cuando se inició el juicio de los soldados el 5 de septiembre, el fiscal de la RDC afirmó que los acusados habían actuado sin autorización del Estado en su "macabra empresa". Pero el proceso se ha ido centrando cada vez más en el papel de Ruanda en el este de la RDC, especialmente en su apoyo al movimiento rebelde M23, que resurgió tras casi una década de letargo, atacando posiciones del ejército en el Kivu Norte en 2021. El 8 de septiembre, el comandante de la Guardia Republicana de Goma, el coronel Mike Mikombe, declaró que los servicios de inteligencia militar le habían informado que quienes planeaban la marcha eran "auxiliares del M23". Días antes, el ministro del Interior, Peter Kazadi, ya había justificado el despliegue del ejército, el 30 de agosto, por la amenaza ruandesa, señalando que "las fuerzas especiales ruandesas se habían desplegado a lo largo de toda la frontera [con la RDC]". Las fuerzas especiales de la Guardia Republicana, dijo, entraron en acción "para tranquilizar a la población y crear un efecto disuasorio".

Al presentar sus acciones como parte de los esfuerzos para contrarrestar al M23 y a Ruanda, los acusados y el gobierno intentan justificar la incursión del 30 de agosto como vinculada a la protección de Goma. Pero a medida que avanzaba el juicio, esta línea de defensa comenzó a desmoronarse, con declaraciones de varios testigos que ponían de manifiesto graves problemas en la cadena de mando del ejército. Por ejemplo, en su comparecencia del 9 de septiembre, el jefe de la inteligencia militar para Kivu Norte acusó a la Guardia Republicana de matar a civiles desarmados, después de que él mismo fuera desarmado por orden del coronel Mikombe: "El comandante de la Guardia Republicana me pidió que dejara de hablar con los manifestantes. Los manifestantes estaban desarmados cuando yo hablaba con ellos. Yo estaba allí y contamos 42 muertos y 33 heridos in situ".

¿Por qué este incidente es un mal presagio para las elecciones previstas para diciembre?

La represión se produce en medio de tensiones generalizadas en Goma. Los rebeldes del M23, fuertemente armados, han periódicamente amenazado la ciudad, desplazando a miles de personas. Muchos residentes están resentidos con la MONUSCO, la fuerza de la ONU de 16.000 efectivos, a la que consideran desdentada frente a una inseguridad cada vez mayor. En junio y julio de 2022, violentas manifestaciones contra la MONUSCO se saldaron con la muerte de cinco miembros de las fuerzas de paz y 30 civiles en Goma, así como en las ciudades de Beni, Butembo y Kasindi, también en Kivu Norte. Desde entonces, la fuerza de la ONU ha mantenido un perfil bajo. La ira popular contra las fuerzas extranjeras en suelo congoleño se dirige ahora también contra la fuerza de África Oriental, que los residentes consideran tan ineficaz como la misión de la ONU. El descontento con Tshisekedi, que llegó al poder prometiendo llevar la seguridad al este, también es palpable. Su popularidad en Kivu Norte, una importante circunscripción electoral, ha caído en picado en vista de las elecciones presidenciales previstas para diciembre.

Además, los habitantes de Goma se quejan de que la ley marcial ha reducido el espacio cívico y restringido gravemente las libertades políticas. Desde mayo de 2021, miembros del parlamento nacional y activistas de la sociedad civil han sido detenidos, juzgados y encarcelados por criticar o manifestarse pacíficamente contra el estado de sitio. Las autoridades provinciales también han respondido a las notificaciones de protestas previstas advirtiendo a los organizadores de que "se enfrentarían al rigor de la ley" si seguían adelante. El alcalde de Goma hizo advertencias similares antes de la masacre del 30 de agosto.

La popularidad de los movimientos político-religiosos en cuestión complica aún más las cosas. La secta Wazalendo es uno de los muchos grupos mesiánicos congoleños cuyo mensaje religioso se entrelaza con un discurso político centrado en cómo los extranjeros están supuestamente socavando la soberanía congoleña. Sus líderes han denunciado los acuerdos del gobierno con "fuerzas extranjeras" (socios de seguridad y ONG) y la imposición de la ley marcial. Afirman inspirarse en figuras históricas como el ex primer ministro Patrice Lumumba y el difunto líder religioso Simon Kimbangu.

Al gobierno le preocupa que estas sectas puedan intensificar sus protestas, galvanizando la oposición a Kinshasa y empeorando los ya importantes problemas de seguridad. Esta preocupación no es nueva, y la masacre de Wazalendo tampoco es la primera de este tipo. En 2020, la policía lanzó un asalto contra los lugares de culto del movimiento religioso-político Bundu dia Kongo de Ne Muanda Nsemi, matando al menos a 55 personas en la provincia de Kongo Central y en Kinshasa antes de prender fuego a las iglesias del grupo. Ningún miembro de las fuerzas de seguridad ha sido sancionado por el incidente.

Con los preparativos muy avanzados y la probabilidad de que las elecciones se celebren en diciembre, la masacre del 30 de agosto arroja serias dudas sobre la capacidad del gobierno para gestionar las inevitables manifestaciones durante la próxima campaña (noviembre y diciembre) y el periodo posterior al anuncio de los resultados, a partir de finales de diciembre. El incidente se produce tras la violenta represión de las marchas de la oposición, por ejemplo, la de Kinshasa del 20 de mayo pasado.

¿Por qué se ha involucrado a las fuerzas de la ONU en los sucesos?

La presencia militar de la ONU en la RDC se remonta a hace 24 años. Entre 1999 y 2010, una fuerza de la ONU se desplegó para supervisar un alto el fuego entre las tropas gubernamentales y los rebeldes apoyados por extranjeros que controlaban franjas del este del País; después participó en los esfuerzos para reunificar el país. En 2010, la MONUSCO tomó el relevo e intentó consolidar la paz, sobre todo protegiendo a los civiles. Pero trece años después, los grupos armados siguen campando a sus anchas, saqueando los recursos naturales de la región y matando a civiles. Aunque sería injusto culpar de la inseguridad a la MONUSCO, o sugerir que la misión no ofrece ningún beneficio a la región, es innegable que la misión de la ONU ha sido ineficaz a la hora de cumplir su principal cometido. La región no es segura, por lo que los habitantes de Goma están profundamente frustrados y piden cada vez con más insistencia que las fuerzas de paz se marchen.

Kinshasa ha tenido durante mucho tiempo una relación difícil con la misión de la ONU, aunque mejoró durante un tiempo después de que Tshisekedi jurara su cargo como presidente en enero de 2019. El 20 de diciembre de 2021, el Gobierno y la MONUSCO acordaron un plan de transición para una retirada "ordenada y responsable" para finales de 2024. Sin embargo, los lazos parecen haberse deteriorado tras el incidente del 30 de agosto.

Cuando Kinshasa se dio cuenta de que culpar de los asesinatos a los supuestos métodos subversivos de la secta no iba a funcionar, también dirigió su ira contra la fuerza de la ONU. El 1 de septiembre, el ministro de Asuntos Exteriores, Christophe Lutundula, pidió al Consejo de Seguridad de la ONU que avanzara de inmediato con un plan de transición acelerado que ponga en marcha la retirada de la MONUSCO para finales de 2023. En una larga carta al Consejo, Lutundula cita, entre otras cosas, "los últimos y desafortunados incidentes ocurridos en Goma el 30 de agosto de 2023, que se saldaron con la pérdida de vidas humanas", entre las razones para solicitar la rápida salida de la fuerza de la ONU. El Consejo aún no ha respondido.

Aunque la carta deja margen para la interpretación, el efecto principal puede ser adelantar la fecha de inicio de la retirada a antes de las elecciones en lugar de después. Pero el cambio de tono es llamativo y puede teñir las relaciones entre Kinshasa y Nueva York a lo largo de 2024.

Pedir que se acelere la retirada de la MONUSCO tras los asesinatos de Goma es una oportunidad política que podría aumentar la popularidad de Tshisekedi. La decisión de Malí de provocar la retirada de la misión de la ONU que tenía allí un mandato de operar, parece resonar favorablemente entre los congoleños, según lo que se publica en las redes sociales.

Sin embargo, la retirada precipitada de las tropas de la ONU de las zonas del este de la RDC donde constituyen el único baluarte, por débil que sea, contra los abusos de los grupos armados podría tener consecuencias nefastas. Estarían especialmente en peligro las decenas de miles de desplazados internos agrupados en campamentos alrededor de las bases de la MONUSCO en el Ituri, así como otras comunidades vulnerables. A medida que la ONU se retire, especialmente si es de manera precipitada, con el ejército nacional incapaz de detener los combates, el próximo presidente de la RDC se enfrentará al enorme reto inmediato de llenar el vacío de seguridad dejado por la fuerza de la ONU.

¿Tendrá la masacre consecuencias políticas y qué se puede hacer para evitar que se repita?

Los sucesos del 30 de agosto han puesto de manifiesto las enormes deficiencias del dispositivo de seguridad de Tshisekedi para el este del país y amenazan con enturbiar su campaña para un nuevo mandato. Aunque el pueblo congoleño simpatizara ampliamente con el ejército en su lucha contra el M23, la ilusión se rompió cuando la Guardia Republicana, que depende directamente de Tshisekedi, se volvió tan descaradamente contra sus compatriotas, incluidos niños y mujeres.

Tshisekedi, consciente del impacto potencialmente perjudicial para su candidatura a un segundo mandato, contrarrestó rápidamente los intentos del gobernador militar de justificar los abusos de las fuerzas de seguridad y los consiguientes mensajes acusadores de su portavoz gubernamental. Al llevar ante los tribunales a los seis militares implicados en el derramamiento de sangre, Tshisekedi pretende distanciarse de la Guardia Republicana. ¿Conseguirá convencer a los observadores de la inocencia declarada del gobierno en este asunto? Muchos congoleños se preguntan cómo una unidad militar que depende de la presidencia ha podido desplegarse de forma tan masiva y con tantos vehículos, disparando a la gente y trasladando a los muertos y heridos a un campamento militar sin que sus superiores en la capital lo supieran.

Mientras tanto, el estado de sitio se suma a las numerosas quejas de la población en el este, sin que el presidente muestre signos de aflojar el control militar. Aunque la Constitución prevé estados de sitio de quince días de duración, prorrogables previa evaluación, el actual ha estado en vigor ininterrumpidamente desde mayo de 2021, sin que se haya producido ninguna mejora apreciable en la situación general de seguridad. Las organizaciones internacionales de derechos humanos y otras han hecho repetidos llamamientos para que se revoque. Entre el 14 y el 16 de agosto, Tshisekedi organizó en Kinshasa una mesa redonda que reunió a actores políticos y miembros de la sociedad civil del este, la mayoría de los cuales instaron a las autoridades a levantar inmediatamente el estado de sitio. Hasta ahora (Es decir a la fecha del artículo, ndr.), el gobierno ha hecho caso omiso de sus llamamientos y el 30 de agosto prorrogó la medida quince días más. Muchos sospechan que los militares utilizan el control que les proporciona el estado de sitio para enriquecerse aprovechándose aún más de la población.

La prioridad inmediata de Tshisekedi debería ser poner en marcha las medidas necesarias para que la seguridad sea efectiva en la mayor parte posible de Kivu Norte ante la proximidad de las elecciones, al tiempo que se pone fin de inmediato a la ley marcial, que no hace sino avivar el descontento local. También debería redoblar sus esfuerzos para erradicar la violencia y la impunidad entre sus propias fuerzas de seguridad, para que no vuelva a ocurrir algo parecido a la tragedia del 30 de agosto, cuyo riesgo sólo puede aumentar en medio de las crecientes tensiones de la campaña electoral. Es positivo que la justicia militar haya iniciado rápidamente el juicio de los presuntos autores de los asesinatos de Goma. Pero las autoridades deben garantizar, mediante una investigación seria, que todos los implicados, incluidos los miembros de la jerarquía militar de Goma y Kinshasa, rindan cuentas de sus actos. En cuanto a la retirada de la MONUSCO, todas las partes implicadas -el gobierno y la ONU- deben mantener su compromiso de garantizar que se produzca sin contratiempos mediante un plan de transición consensuado. Actuar precipitadamente justo cuando unas elecciones potencialmente peligrosa son en camino no es interés de nadie.

Ver, Massacre in Goma Clouds DR Congo’s Elections and UN Mission’s Future