Justicia, Paz, Integridad<br /> de la Creación
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La voz de las comunidades en la gestión de los recursos naturales

Newsletter Missionari Comboniani 22.10.2021 Il gruppo dei Missionari Comboniani Traducido por: Jpic-jp.org

La gestión de los recursos naturales de un país depende exclusivamente de su gobierno. En el caso de las actividades mineras y extractivas como el gas o el petróleo, es importante que los gobiernos aseguren el correcto seguimiento de los requisitos administrativos y geológicos que regulen la actividad extractiva.

Los gobiernos deben velar por el estricto cumplimiento de las regulaciones ambientales que protegen los ecosistemas afectados por las actividades extractivas y que permiten condiciones óptimas para el desarrollo de la vida de las personas y las comunidades.

En este contexto de explotación de los recursos naturales, los estados también tienen la obligación de proteger a sus ciudadanos de todas las violaciones a los derechos humanos provocadas por las empresas extractivas extranjeras en el ejercicio de su actividad económica. Nada puede justificar la concesión de tierra de las comunidades locales, quienes detienen las legítimas propietarias y cuyo principal sustento depende directamente de la tierra, a empresas extranjeras que anteponen sus beneficios al bienestar de las personas.

Las empresas mineras y extractivas siempre están involucradas en controversias con las comunidades de acogida, mas, el poder económico de las transnacionales les permite actuar con impunidad incluso frente a los delitos que cometen en su actividad económica. Y es difícil llevar a las empresas transnacionales (ETN) a los tribunales cuando los tratados internacionales de comercio e inversión no reconocen la primacía de los derechos humanos sobre los intereses económicos de las transnacionales.

Las poblaciones afectadas por las actividades extractivas encuentran innumerables obstáculos para acceder a la justicia. En realidad, no existen mecanismos legales para proteger a quienes denuncian tal comportamiento. Es por eso que hay que estar más alerta al otorgar concesiones a las empresas mineras y extractivas.

Si la autorización para las operaciones mineras está en manos de los gobiernos, estos deben igualmente establecer mecanismos para proteger los intereses de las comunidades locales cuando las empresas extractivas muestren interés en determinadas áreas que afectan a la población, especialmente haciendo valer los derechos de esta sobre los territorios que legítimamente les pertenecen.

Hace algunas décadas, la llegada de inversores extranjeros a los países del sur global solía provocar un entusiasmo colectivo en las poblaciones locales. Las comunidades veían a las empresas extranjeras como una oportunidad para mejorar sus condiciones de vida y acogían las promesas de los inversionistas a cambio de la explotación de la tierra. Sin embargo, las poblaciones locales ahora sienten dolor al ver cómo han sido engañadas durante décadas por una explotación codiciosa de los recursos naturales.

El abuso de poder de las ETN ha provocado decepciones entre la población por las promesas incumplidas de compensación económica, el incumplimiento de los tratados internacionales y la violación sistemática de los derechos humanos. De ahí que, frente a la fiebre extractiva, debemos alentar y apoyar a las comunidades para que protejan sus vidas, sus territorios y sus formas de vida tradicionales.

Las poblaciones necesitan estar informadas sobre la riqueza específica del subsuelo de sus territorios, las formas en que se extraen, las técnicas que se utilizan y los riesgos que la extracción de minerales puede ocasionar a la población. Ante la llegada de inversionistas extranjeros, las comunidades deben estar unidas para dar una respuesta común frente al propósito de iniciar una actividad extractiva y denunciar cualquier intento de soborno por parte de las autoridades o de las propias empresas.

Si bien los estados deberían ser los primeros en proteger e informar al público de lo que implican las operaciones mineras, a veces hay estados que juegan el papel opuesto, ocultando información sobre los efectos adversos de la minería y siendo los primeros interesados ​​en llevar adelante las actividades mineras. Así, expertos independientes y la sociedad civil deben informar y acompañar a la población en el discernimiento de sus decisiones de ceder o no el uso de su tierra.

Es una práctica común que las empresas ofrezcan dar a la población ayuda económica, puestos de trabajo y compensación financiera por la pérdida de territorio, sin embargo, una vez iniciada la explotación, nunca cumplen su palabra. De ahí la importancia de que las comunidades locales cuenten con el apoyo de asesores legales independientes y de la sociedad civil para que puedan ejercer sus derechos en caso de oposición al proyecto o al menos para ayudarles a hacer cumplir las promesas ofrecidas por las empresas y gobiernos.

En los últimos años, las empresas extractivas y los inversores han desarrollado estrategias para convencer a las comunidades locales a que acepten las actividades extractivas en sus territorios. Los gobiernos, las empresas y los inversores saben que el apoyo de la comunidad es esencial para el éxito de sus proyectos extractivos y, por ende, tratan de asegurarse el respaldo de los líderes.

Las estrategias, sin embargo, no implementan las promesas y el proceso de consultas a las comunidades afectadas se convierten en falsas esperanzas para la población, porque nunca se cumplen.

El manejo de los recursos naturales afecta enormemente los derechos fundamentales de las comunidades porque ponen en peligro la protección de la vida humana, el respeto al patrimonio cultural recibido de los antepasados ​​y el medio ambiente natural. Además, los casos de asesinatos de defensores de derechos humanos y el hostigamiento a comunidades indígenas que luchan por sus derechos continúan creciendo año tras año.

Por esta razón, es imperativo que los gobiernos de África y Europa se involucren en las negociaciones de tratados jurídicamente vinculantes. Estos tratados deben imponer obligaciones directas a las empresas en sus actividades extractivas pero sobre todo deben proteger las formas de vida tradicionales de las comunidades indígenas y las culturas ancestrales vinculadas a la tierra por su valor sagrado.

Ver, La Voz de las Comunidades en la Gestión de los Recursos Naturales 

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