En consecuencia, los países del Sur en desarrollo, que representan más de dos tercios de los 193 Estados miembros de la ONU, se quejan de que están muy sub-representados en las altas esferas del organismo mundial, a pesar de que para competir por los puestos cuentan con candidatos competentes con sólidas calificaciones profesionales y académicas.

El Grupo de los 77 (G77), la mayor coalición de países en desarrollo de la ONU, se quejó el año pasado de los desequilibrios persistentes en la representación geográfica equitativa en la Secretaría General de la ONU.

Y, lo que es peor, algunas de las grandes potencias ejercen presión sobre el secretario general al “recomendar” a sus propios nacionales para que se sucedan en el mismo puesto y, en ocasiones, en años consecutivos, alegando implícitamente que algunos de los altos cargos de la jerarquía de la ONU son su derecho natural, en una especie de primogenitura del mundo. Aun cuando, desde 1992, formalmente en la ONU los cargos de alto nivel no pueden ser ocupados consecutivamente por ciudadanos de un mismo país.

Con la decisión de Mark Lowcock de dejar el cargo de secretario general adjunto para la Oficina de Asuntos Humanitarios (Ocha) y coordinador del Socorro en Emergencia (ERC) de la ONU, anunciada el 8 de febrero, hay un juego de adivinanzas sobre qué gran potencia o qué nación occidental obtendrá ese puesto.

Lowcock es británico y se asegura que Reino Unido ya recomendó a otro connacional como su sucesor. De hecho, desde 2007, ciudadanos británicos han ocupado ese puesto durante cuatro mandatos consecutivos: John Holmes, Valerie Amos, Stephen O Brien y Mark Lowcock.

A lo largo de la última década, 20% de los puestos de secretario general adjunto o de cargos superiores han ido a parar a ciudadanos de los P5. Se trata de una cifra casi 10 veces superior a la que corresponde, según la carta firmada por más de 52 signatarios, entre los que se encuentran antiguos altos funcionarios de la ONU, miembros de la Cámara de los Lores, académicos y representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG).

La carta añadía que la separación de funciones excluye a una gran parte del talento mundial y crea una percepción de parcialidad, que puede socavar la autoridad de la persona designada y comprometer la independencia del secretario general.

Desde 1997, el puesto de secretario general adjunto de Operaciones de Mantenimiento de la Paz ha sido monopolizado por Francia, con cinco ciudadanos de ese país que se han sucedido en el cargo: Bernard Miyet, Jean-Marie Guehenno, Alain Le Roy, Herve Ladsous y Jean-Pierre Lacroix.

Por su parte, desde 2007, Estados Unidos ocupa el cargo de secretario general adjunto de Asuntos Políticos: Lyn Pascoe, Jeffrey Feltman y Rosemary DiCarlo.

Otro miembro permanente del Consejo de Seguridad, la entonces Unión Soviética, se aferrara a ese cargo nada menos que 13 veces desde 1952, cuando se abrió el cargo de secretario general adjunto para Asuntos Políticos y del Consejo de Seguridad.

Arpad Bogsch, estadounidense de origen húngaro, ocupó el puesto de director general de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) en Ginebra durante un récord histórico: 24 años (1973-1997).

Estados Unidos, el mayor donante individual de la ONU, tiene desde 1947 el monopolio de nombrar a un ciudadano de su país como director del Fondo de la ONU por la Infancia (Unicef). Los siete estadounidenses que han dirigido ininterrumpidamente esa agencia son Maurice Pate, Henry Labouisse, James Grant, Carol Bellamy, Ann Veneman, Anthony Lake y Henrietta Fore. Ningún otro país ha tenido un control tan férreo de un puesto tan alto en la historia de la ONU.

El mito de la independencia del secretario general

La independencia del secretario general es un mito que se ha perpetuado durante mucho tiempo, sobre todo fuera de la ONU. Como funcionario internacional, se espera que se desprenda de sus lealtades políticas al asumir el cargo y, lo que es más importante, que nunca solicite ni reciba instrucciones de ningún gobierno. Pero prácticamente todos los secretarios generales -nueve en el último recuento- han actuado como secundarios de las grandes potencias mundiales, violando el artículo 100 de la Carta de la ONU.

A lo largo de las últimas décadas, los sucesivos secretarios generales han jugado a la pelota, sobre todo con las cinco potencias, y han cedido a sus exigencias para evitar el veto, especialmente cuando se presenta su reelección ante el Consejo de Seguridad.

El actual secretario general, António Guterres, ha declarado su intención de presentarse a un segundo mandato a partir de 2022. Tiene por lo tanto que ganarse el favor de “cinco grandes” para evitar el veto. Thomas G. Weiss, miembro del Consejo de Asuntos Globales de Chicago, afirma que António Guterres se apoyó en el respaldo de los cinco grandes durante su campaña en 2016. Su plan de reelección seguirá el mismo camino. La nacionalidad y las promesas electorales del candidato a secretario general son siempre primordiales para triunfar, dijo Weiss.

Ramesh Thakur, profesor emérito, investigador principal de Toda, Instituto para la Paz y la Investigación Política, de la Universidad Nacional de Australia, afirma que la Asamblea General de la ONU ha permitido al Consejo de Seguridad postergar demasiadas veces, durante demasiado tiempo y demasiados temas, por presión de sus cinco miembros permanentes (P5). Es hora de que la Asamblea General se imponga y utilice su poder para contrarrestar la “egoísta camarilla” del P5.

“La única legitimidad de la ONU proviene de su composición universal, es decir, de la Asamblea General, no del Consejo de Seguridad. Me gustaría que la Asamblea General adoptara una censura formal del secretario general por violar una resolución de la Asamblea General de 1992” sobre la distribución de los altos cargos internos, argumentó.

“En otras palabras, la culpa principal de esta continua dominación segregacionista no recae en el secretario general ni en el Consejo de Seguridad, sino en la Asamblea General y su incapacidad para imponer las normas y su propia responsabilidad”, afirmó.

Es comprensible que los miembros del P5 deseen mantener sus desproporcionadas ventajas y, en algunos casos, el monopolio en lo que respecta a los nombramientos de los secretarios generales adjuntos y otros altos cargos de la ONU. Pero el mundo ha cambiado notablemente en los últimos 75 años y los nombramientos en esos niveles superiores deben responder a esos cambios.

En términos demográficos, los miembros del P5 representan una parte sustancialmente menor del mundo que en el pasado. En 1950 los países del P5 representaban 36% de la población mundial, mientras ahora solo representan 26%.Además, los niveles educativos, las experiencias profesionales y la dedicación profesional de los hombres y mujeres de los países del Sur en desarrollo también se multiplicaron durante los 76 años de vida de la ONU y, en la mayoría de los casos, son comparables a los de los países desarrollados. Los reiterados incumplimientos de la resolución de la Asamblea General de 1992 sobre que ningún nacional de un Estado miembro debe suceder a otro nacional de ese Estado en un puesto de alto nivel es un signo de debilidad de la Asamblea General.

Si bien es importante que haya igualdad de género en los altos niveles de la ONU, también es importante evitar el anillamiento de funciones y puestos, que contribuye a socavar la credibilidad, la eficacia y el apoyo del sistema de la ONU. Las decisiones del secretario general sobre futuros nombramientos para puestos de alto nivel en la ONU se beneficiarían enormemente de ser transparentes, inclusivas y basadas en el mérito.

Ver Los altos cargos de la ONU, ¿son un derecho natural de las potencias?