El fenómeno “ha tenido mayor visibilidad en los últimos años, pero no se ha avanzado mucho en la parte de atención directa a las víctimas”, afirma la religiosa católica Carmela Jibaja, de la Red Ramá contra la Trata de Personas. Esta organización centroamericana hace parte de la Red Internacional Talita Kum, con sede en Roma, que a su vez integra a 58 agrupaciones que luchan contra la Trata de Personas en todo el mundo. “El mayor problema (de trata) se da en las fronteras – dice Carmela Jibaja-, porque El Salvador de migrantes”, y también en los centros turísticos.

La finalidad más reconocida en la región es la explotación sexual y tiene como víctimas a mujeres. En ello concuerda Carlos Morán, oficial de seguridad de la Interpol y miembro de la Unidad de Cibercrimen de la policía de Honduras. “Sabemos que El Salvador, Honduras y Guatemala son países de mucho tránsito de personas que viajan de forma irregular y eso las pone en riesgo de ser víctimas de trata”. Dijo esto durante el “Seminario regional sobre técnicas de investigación y protección de víctimas de trata de personas” (El San Salvador, 4-8 de noviembre) que ha reunido a funcionarios de los Ministerios Públicos, agentes policiales, operadores de justicia y expertos de Guatemala, El Salvador y Honduras,  los países del llamado Triángulo Norte de Centroamérica. El objetivo era el de fortalecer las capacidades y las buenas prácticas en la investigación del crimen de la trata, en especial cuando se da a nivel transnacional.

En los países del Triángulo Norte log gobiernos hacen esfuerzos por desarrollar programas de atención a las víctimas, pero resultan insuficientes y las organizaciones de la sociedad civil han debido asumir el reto. “El problema es grave, porque nos enfrentamos a redes con mucha capacidad económica y política, y no se protege a la víctima”, ni hay muchos programas de reinserción, explica Mirna Argueta, directora de la Asociación para la Autodeterminación de las Mujeres Salvadoreñas (AS Mujeres). Argueta es también coordinadora en El Salvador del Observatorio Latinoamericana sobre Trata y Tráfico de Personas, que aglutina a 15 países.

AS Mujeres trabaja desde 1996 con víctimas de trata, ofreciendo apoyo sicológico y médico, y es una aliada importante de la Fiscalía General de la República en la labor de protección de víctimas, colabora con la policía y los fiscales cuando se necesita trasladar a víctimas de un lugar a otro, sobre todo cuando los casos judiciales contra redes del crimen organizado aún están en proceso.

En el pasado ha ofrecido albergue a mujeres víctimas, pero ahora esto es un asunto de la fiscalía.

Su programa de atención incluye además de la asistencia sicológica, la parte médica que incorpora técnicas como el bio-magnetismo, y la revitalización corporal por medio de masajes y aromaterapia. “La experiencia nos ha demostrado que con la combinación de esas tres técnicas la recuperación es más efectiva, la atención es más integral”, acotó Argueta. Desde que inició en 1996, el programa ha acogido a unas 600 mujeres víctimas de trata.

AS Mujeres también impulsa la red de autocuidado. “Cuando la víctima ha superado diferentes etapas, se integra con otras mujeres y puede compartir su experiencia, para que sea menos dolorosa, y esto la ayuda a reinsertarse”, comenta Argueta. Muchas víctimas creen que ya están “dañadas”, desvalorizadas, y “ellas mismas van a prostituirse”.

El programa de ayuda puede durar de seis meses a dos años y medio, dependiendo de la complejidad del caso, porque hay mujeres con agudos problemas de depresión, ideas suicidas y delirios de persecución.

Según cifras de la oficina de la ONU en Honduras, divulgadas en julio, 80% de las víctimas de trata de personas en América Central son mujeres y niñas. En El Salvador, 90% de los casos se dan por explotación sexual, según cifras de la fiscalía presentadas durante el foro. En lo que va del año, la fiscalía ha reportado los casos aún abiertos de 800 víctimas. Se han detectado también otros tipos de trata, como la explotación laboral y para mendicidad.

En Guatemala, en 2018 el Ministerio Público detectó 478 posibles víctimas de trata de personas, 4% más que el año anterior. Las denuncias fueron 276, un incremento también del 4%. La niñez y adolescencia son las edades más vulnerables ante la trata: fueron detectados los casos de 132 niños, niñas y adolescentes posibles víctimas, el 28% del total. Se lograron rescatar 111.

Los casos eran de adopción irregular, explotación laboral, matrimonio forzoso o servil, mendicidad forzosa, explotación sexual y trabajo o servicios forzados. Lo más escondido, según la fiscalía, es el caso del reclutamiento de menores de edad para el crimen organizado.

Muchos de estos casos siguen una modalidad relativamente nueva, en la que intervienen las pandillas, responsables de la ola delictiva que viven los tres países del Triángulo del Norte. Las pandillas se han vuelto grupos del crimen organizado, con tentáculos en el comercio ilícito de drogas, extorsión, sicariato y ahora trata de personas.

En El Salvador, es común, en barrios y pueblos controlados por las pandillas, escuchar de jovencitas “pedidas” por algún líder de las bandas u otro miembro del clan para fines sexuales; las familias aceptan entregársela por miedo a ser asesinados de no hacerlo. No solo eso. Los pandilleros obligan a sus víctimas a prestar sus servicios sexuales a extraños con fines lucrativos, ampliando así el espacio de la trata.

El Consejo Nacional que aglutina a todas las instancias de Estado contra la Trata de Personas, señala que en 2018 hubo 46 víctimas confirmadas, 43 investigaciones policiales y 38 procesos judiciales. De esos juicios, hubo cuatro condenas y dos absoluciones, el resto aún están en los tribunales del país, según el Informe de Labores 2018 del Consejo.

La atención a las víctimas consiste en programas de emprendimiento, medidas de reparación integral a familias de niñas y adolescentes en albergues especializados. Se coordinaron además equipos para acciones de respuesta inmediata y para la atención a víctimas, nacionales y extranjeras.

El Salvador es parte de La Coalición Regional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, junto a Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.

El apoyo para la reinserción económica se ha dado también en Honduras, con la entrega de fondos de base para que se inicien pequeños negocios de bisutería, cuenta Morán, el oficial de la Interpol.

En ese país, al menos 337 personas han sido rescatadas entre 2018 y lo que va de 2019, de ellas 13 han sido localizadas en Belice y Guatemala, según un informe de la Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de personas en el país. Ver aquí el texto original

Edición: Estrella Gutiérrez

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