De la ganadería, producción de carbón vegetal y de azúcar, además de otras actividades campesinas, esa llaga creció en las ciudades, sometiendo trabajadores en la construcción, en confección textil, comercio y otros sectores.

Como una de las fundadoras del Centro de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos  (CDVDH), en 1996, Sousa acompañó la evolución de ese delito que comprende el trabajo forzado, jornadas extenuantes, condiciones degradantes y restricciones al libre desplazamiento, según tipifica el Código Penal brasileño.

El Centro nació en Açailandia, en el oeste del estado de Maranhão, porque ese municipio de 112.000 habitantes era un foco del trabajo esclavo para producir el carbón vegetal consumido por la industria siderúrgica local, exportadora de arrabio, una materia obtenida en la fundición del hierro, utilizada en la producción de acero.

Además era un gran foco de la trata de trabajadores prácticamente cautivos, por ubicarse en la frontera de Maranhão, el mayor proveedor de mano de obra para labores degradantes e ilegales, junto con el de Pará, estado campeón de esclavitud, situado en la Amazonia brasileña.

Por esas razones la española Carmen Bascarán eligió Açailandia para crear el CDVDH y poner en marcha sus ideas de misionera católica para el rescate social de los pobres. Fue el alma y la conductora del Centro, que agregó a su nombre el de ella, cuando en 2011 regresó a su país natal.

Vendedores callejeros de hamacas hechas en Ceará, otro estado vecino, al este, son ejemplos recientes de trabajadores en condiciones análogas a la esclavitud identificados en Maranhão, apuntó Sousa desde Açailandia en su diálogo con IPS.

También las tiendas comerciales aprovechan las nuevas facilidades en el uso del Banco de Horas, adoptadas en la reforma de 2017 de las leyes laborales, para forzar sus empleados a trabajar muchas horas adicionales y a renunciar al descanso semanal, sin la compensación obligada.

“Se acumulan horas trabajadas”, pero la compensación en horas libres en días posteriores, prevista por la ley, “nunca llega”, señaló la activista, secretaria administrativa del CDVDH/CB desde hace seis años. La reforma de 2017, defendida como adaptación a la actual realidad de la economía y de las relaciones laborales, ofrecería así nuevas oportunidades a la “modernización” del trabajo esclavo. “Se hizo más difícil para que la gente perciba el trabajo esclavo”, advirtió Sousa.

Las estadísticas generadas por las acciones de distintos órganos oficiales en el combate al trabajo esclavo también apuntan a un cuadro y una evolución compleja del tema.

La Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), de la Iglesia católica, procesó esos datos desde 1995, cuando Brasil reconoció la existencia del problema y empezó a combatirlo sistemáticamente, hasta 2019. Un total de 54.778 trabajadores fueron rescatados de las condiciones de esclavitud o degradación en esos 25 años por las autoridades, especialmente el Grupo Móvil de Inspección que reúne gente de la Secretaria del Trabajo (antiguo ministerio), fiscales del Ministerio Público del Trabajo y policías.

La represión al delito se intensificó en el período 2003-2010, cuando se liberaron más de 3000 trabajadores cada año, con el record de 6001 rescatados en 2007. Desde entonces la cantidad bajó sostenidamente, para quedarse en 1050 el año pasado. En ese proceso, los rescates que se concentraban en las fronteras agrícolas de los estados de Pará, Mato Grosso y Maranhão, es decir en las fronteras amazónicas, se extendieron por todo el país, incluso en las regiones Sur y Sudeste, más ricas e industrializadas. Y a partir de 2006 se incorporaron al fenómeno actividades urbanas, especialmente la construcción y la confección textil.

“El descubrimiento de trabajo esclavo en nuevos territorios brasileños y nuevas ramas de actividad revela situaciones probablemente existentes, pero que hasta entonces nadie denunció o que no fueron investigadas de forma suficiente o adecuada”, observó a IPS el fraile Xavier Plassat, quien coordina la campaña de la CPT contra ese delito. “Es necesario analizar esos datos con cuidado”, porque pueden conducir a falsas conclusiones, alertó en una entrevista este integrante de la orden católica de los Dominicos.

La gran cantidad de rescatados en la primera década de este siglo, por ejemplo, se debe a las inspecciones en la industria azucarera, que identificaban de un solo golpe a centenares de trabajadores sometidos a condiciones abusivas en la cosecha de caña, recordó. Esa situación cambió rápidamente con la mecanización del corte de caña, impuesta por gobiernos locales ante la contaminación del aire en ciudades cercanas, porque los cañaverales se preparaban para su corte a machetazos y con la quema de sus hojas.

La ganadería y otros cultivos agrícolas, donde hay en ocasiones empleadores abusivos, trataron de reducir la mano de obra de la misma forma, con mecanización, pero también el uso de agroquímicos, acotó Plassat, quien vive en Brasil hace 31 años.

El carbón vegetal redujo su participación en la esclavitud contemporánea por la fuerte inspección que sufrió ante las muchas denuncias de que fue objeto y luego al perder buena parte de su mercado, con la crisis del comercio del arrabio.

Por último, añadió Plassat, la recesión económica en Brasil, iniciada en 2015, generó un alto desempleo y en ese contexto “cayó la propensión a denunciar abusos” por parte de los trabajadores temerosos de perder sus ingresos, aunque sean escasos y obtenidos en condiciones neo esclavas.

Las denuncias, y por ende las inspecciones y los rescates, también cayeron posiblemente porque los empleadores recurrieron a ciertas tácticas para eludir la represión a esta forma de trata de personas.

“Pasaron a contratar tareas de corta duración y con pocas personas, evitando el riesgo”, que también se redujo al eliminarse el transporte en grupos y por largos recorridos de los trabajadores, como ocurría en el pasado, explicó el fraile. En la Amazonia “se efectúan deforestaciones quirúrgicas, menores y en áreas de protección, donde las imágenes de satélites no revelan nada”, acotó.

El resultado es que se redujo la identificación de trabajadores en situación análoga a la esclavitud, aunque las operaciones de inspección se hayan mantenido en el mismo nivel. La represión ahora exige “una inspección con más inteligencia, examinar la contabilidad de las empresas”, apuntó.

Pero el gobierno central redujo el presupuesto destinado a sus órganos encargados de reprimir el trabajo esclavo. Las operaciones de combate continúan porque en algunos estados, las autoridades locales despliegan un gran esfuerzo, aunque con recursos limitados, para contener el delito.

Minas Gerais, Bahia, São Paulo y Goiás son estados que presentaron resultados mejores en los últimos años, destacó Plassat desde Araguaina, el municipio de 180.000 habitantes donde vive, en el céntrico estado de Tocantins, y cerca de Maranhão y Pará, áreas de rescates más numerosos en la primera década del siglo.

Prevenir, además de reprimir, es una preocupación compartida por la CPT y el CDVDH/CB, presentes en la Red de Acción Integrada de Combate a la Esclavitud (Raice), para promover iniciativas que “rompan el ciclo del trabajo esclavo” en los estados de Maranhão, Pará, Tocantins y Piauí, muy afectados por ese enconado delito.

Atacar las vulnerabilidades y la falta de alternativas locales que sujetan las personas a la migración y al trabajo forzado, y capacitar los rescatados para que no vuelvan a caer en la trampa, son tareas necesarias para erradicar de hecho los nuevos tipos de esclavitud.

(Edición: Estrella Gutiérrez)

Vea este artículo Esclavitud se moderniza para seguir viva en Brasil en IPS con sus recuadros sobre Red Global de Sostenibilidad (GSN) y un estudio sobre la esclavitud moderna realizado por la iniciativa Walk Free de la Fundación Minderoo con sede en Australia, relatando que hay 40,3 millones de víctimas de esta práctica en todo el mundo, de las cuales 369,000 en Brasil