La República Democrática del Congo (RDC) organiza un nuevo ciclo electoral, con elecciones presidenciales el 20 de diciembre de 2023 y otras elecciones en 2024, en condiciones difíciles. El Presidente Félix Tshisekedi se presenta a un segundo mandato frente a una oposición dividida y un conflicto armado en el este del país.

¿Cuál es la importancia de estas elecciones? Tras las contestadas elecciones de 2018 y la violencia que las siguió, estas elecciones serán cruciales para consolidar el progreso democrático en la RDC. Gestionar el proceso electoral sin consenso aumenta el riesgo de elecciones impugnadas y de una violencia relacionada, lo que podría socavar la estabilidad del país.

¿Qué se debe hacer? El gobierno debería limitar los abusos de los servicios de seguridad, la comisión electoral debería garantizar mejor la transparencia y todas las partes deberían participar en el proceso electoral y renunciar a la retórica incendiaria. Los socios internacionales deberían ayudar a los protagonistas a encontrar compromisos políticos y estar dispuestos a mediar si se impugnan los resultados.

La situación. La RDC está entonces a punto de embarcarse en un nuevo ciclo electoral, en condiciones difíciles, que comenzará en diciembre y se prolongará en el 2024. Los combates en el este del país y en otras regiones han privado a más de un millón de ciudadanos de sus tarjetas de voto. La oposición, enfrentada a una mayor represión por parte del gobierno y a una Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI) que considera favorable al partido en el poder, está tentada de rechazar todas las etapas del proceso. Al mismo tiempo, el riesgo de violencia localizada es elevado. Un resultado presidencial ajustado o discutido también podría desembocar en una crisis nacional, como ocurrió en 2018. Para mitigar estos riesgos, el Gobierno debe garantizar que todos los partidos puedan hacer campaña sin intimidaciones ni restricciones indebidas. Debe asegurarse de que la CENI, que debe pagar por sí misma a su personal y combatir la extorsión de los votantes, esté adecuadamente financiada. Las potencias africanas y occidentales deberían animar a los políticos a aceptar compromisos; también deberían denunciar los abusos, apoyar a los observadores electorales nacionales y estar dispuestas a mediar en caso necesario.

A medida que las elecciones entran en su recta final, el Presidente Félix Tshisekedi tiene sus puntos débiles, pero sin embargo está bien situado para ser reelegido. Su balance es poco brillante: la seguridad se ha deteriorado en varias regiones y el auge del sector minero no se ha repercutido en el nivel de vida de la población. Sin embargo, ha reforzado su posición ampliando su coalición a varias figuras políticas importantes. La oposición, por su parte, espera sacar partido de los malos resultados de Tshisekedi, sobre todo en materia de seguridad. Pero está fragmentada y se enfrenta a obstáculos considerables, entre ellos la dificultad de hacer campaña en un país muy extenso y con unas infraestructuras especialmente deficientes. Hasta la fecha, hay pocos indicios de que los líderes de la oposición vayan a aceptar limitar el número de candidatos a las elecciones presidenciales, con el fin de reducir el riesgo de dispersión de sus votos.

Consenso es necesario para unas elecciones sin sobresaltos y este consenso... brilla por su ausencia.

Las tensiones políticas van en aumento. Numerosas controversias y oportunidades perdidas de mejora han marcado los preparativos electorales, y la CENI sigue enfrentándose a considerables retos logísticos y políticos. Desde el principio, la CENI y el gobierno han prestado escasa atención a la necesidad de transparencia y no se han coordinado seriamente con las misiones de observación de la sociedad civil. El registro de votantes ha sido imperfecto y, en particular, los combates entre las fuerzas armadas y el grupo insurgente Movimiento 23 de Marzo (M23) en Kivu Norte -y los problemas de inseguridad en otros lugares- privaron a más de un millón de ciudadanos de tarjetas de votante. La reanudación de los combates a principios de octubre entre el M23 y el ejército y sus auxiliares hace temer que incluso las personas con tarjeta electoral no puedan votar debido a la inseguridad. En muchas regiones, los funcionarios electorales parecen haber impedido que los ciudadanos se inscribieran por motivos espurios, o haberlos inscrito a cambio de un pago.

Al mismo tiempo, las autoridades mantuvieron el "estado de sitio" (una forma de ley marcial) en dos provincias orientales y reprimieron las manifestaciones y reuniones en otros lugares, limitando las libertades necesarias para una campaña pacífica. El 12 de octubre, el Presidente Tshisekedi anunció un levantamiento parcial y gradual del estado de sitio, pero la falta de respeto de las libertades políticas sigue siendo preocupante en las provincias orientales, fuertemente militarizadas.

Estos problemas crean múltiples riesgos de disturbios durante el periodo electoral y aumentan la probabilidad de que se impugnen los resultados. El 30 de agosto, tropas de la Guardia Republicana masacraron a más de 50 civiles que se disponían a manifestarse, lo que demuestra que los riesgos de abusos por parte de las fuerzas de seguridad durante la campaña electoral son reales. Otros riesgos que se ciernen sobre estas elecciones son los enfrentamientos entre miembros de los distintos partidos, el aumento de los ataques de grupos armados en el este y los alrededores de Kinshasa, y los conflictos violentos en los colegios electorales si los funcionarios no respetan los derechos de los votantes o les obligan a pagar por votar. Además, las tensiones electorales podrían provocar enfrentamientos entre comunidades que ya están enfrentadas por la gobernanza local, el uso de la tierra y el acceso a las explotaciones mineras. Todos estos riesgos se ven agravados por una retórica incendiaria irresponsable, tanto online como offline.

Si los partidos perdedores o sus partidarios rechazan los resultados, podría estallar una crisis política más amplia, que podría empeorar gravemente si los combates continúan o se intensifican en el este del país. La RDC ha hecho muchos esfuerzos para trazar un futuro más democrático y, a largo plazo, salir de la pobreza y la guerra. Unas elecciones mal organizadas, que excluyeran del voto a un gran número de ciudadanos, podrían socavar estos esfuerzos. No obstante, todavía puede evitarse una crisis mayor cuando se anuncien los resultados de las elecciones. Pero si se produjera, los vecinos rivales y los actores regionales podrían no ser capaces de intervenir para mediar o aportar una solución. Muchos de ellos participan en los combates del este de la RDC, pero con un grado de coordinación muy limitado y con objetivos operativos variados y no siempre coincidentes. Algunos apoyan desde hace tiempo a estos grupos armados con el fin de extender su influencia en el país.

Los principales actores, y en particular el gobierno y la CENI, pueden tomar medidas esenciales para reducir el riesgo de violencia localizada o de una crisis más amplia.

• El gobierno debe limitar los abusos de sus fuerzas de seguridad para permitir que todos los partidos hagan campaña. Las autoridades deben reducir las restricciones a las reuniones políticas, y los líderes políticos deben pedir a sus partidos que no recurran a la violencia en las manifestaciones. El gobierno y la oposición deben denunciar la retórica incendiaria en Internet o en los mítines de campaña.
• El gobierno debe reforzar la confianza en las fuerzas de seguridad, garantizando el equilibrio regional durante la actual fase de reclutamiento, para demostrar su imparcialidad.
• Tras el levantamiento parcial del estado de sitio en las provincias de Kivu del Norte e Ituri, las autoridades deben velar especialmente por el respeto de las libertades políticas en estas regiones durante el periodo electoral.
• El gobierno debería garantizar que la CENI cuente con una financiación adecuada, y la CENI debería dar prioridad a la transparencia presupuestaria para mantener la confianza de la población, garantizar la remuneración de su personal y castigar cualquier intento de extorsión a los electores.
• Los actores internacionales, empezando por las potencias africanas influyentes en Kinshasa, así como los actores occidentales, deberían animar al gobierno y a la oposición a encontrar compromisos sobre las cuestiones mencionadas y estar dispuestos a ofrecer su mediación si se impugnan los resultados. También deberían seguir apoyando a los grupos nacionales de observación electoral.

Ver Élections en RD Congo : limiter les risques de violence con el informe completo del Crisis Group