«Estamos obteniendo, para Estados Unidos, muchos de los derechos mineros del Congo como parte del acuerdo». Esta frase, pronunciada por Donald Trump pocos minutos después de la firma, el pasado 27 de junio en Washington D.C., del acuerdo entre la República Democrática del Congo (RDC) y la República de Ruanda—supuestamente destinado a poner fin a décadas de conflictos y tensiones—ciertamente no generó el entusiasmo que cabría esperar tras un tratado de paz. Nadie se engaña: los acuerdos que cierran períodos de guerra nunca son fruto exclusivo de impulsos humanitarios libres de todo interés. Son el resultado de compromisos que inevitablemente dejan a todos algo satisfechos y algo insatisfechos, y en cuya base suele estar el beneficio. Pero que las primeras palabras del principal promotor se centraran tan abiertamente en sus propias ganancias, sin referencia alguna a las poblaciones que llevan décadas sufriendo el horror de la guerra y las masacres masivas, hizo fruncir el ceño a muchos observadores. Después, la sospecha de que las bases del pacto eran endebles se extendió rápidamente. Las críticas llegaron pronto, dirigidas tanto a los fundamentos como a las implicaciones de su aplicación.

Ventajas para los más fuertes

El primer problema evidente es que el acuerdo parece otorgar muchas más ventajas a las partes más fuertes que a las más débiles. Según lo que se sabe, garantizará recursos a Estados Unidos y, de algún modo, avalará la política depredadora de Ruanda hacia la RDC. Como escribe Foreign Policy: «En lugar de resolver los problemas creados por el comportamiento de Ruanda, el reciente acuerdo de Washington lo recompensa. Las FDLR [Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda, el principal grupo rebelde ruandés que sigue la doctrina del Poder Hutu] se mencionan más de 40 veces en el texto, mientras que el M23 [grupo rebelde activo en el este de la RDC, compuesto principalmente por congoleños tutsis] se menciona solo dos veces. Esta marcada disparidad sugiere que el acuerdo no abordará las causas profundas de la crisis actual. Es más probable que refuerce la posición de Ruanda a expensas de la soberanía congoleña y de la estabilidad regional».

De hecho, las milicias pro-ruandesas del M23—responsables de repetidas incursiones y masacres en las provincias congoleñas de Kivu del Norte y Kivu del Sur, y desde enero de 2025 firmemente al mando de amplias zonas tras la toma de Goma y Bukavu—no solo son poco mencionadas, sino que ni siquiera se las condena explícitamente.

«Desde la firma del acuerdo, el 27 de junio, no ha cambiado absolutamente nada —explica el padre Giovanni Magnaguagno, misionero javeriano en Bukavu—. El M23 sigue en pleno control de las zonas conquistadas a principios de año, está ampliando su dominio a las áreas vecinas y enviando nuevas tropas. Todos esperábamos que el envío del general Dan Caine por parte de Donald Trump cambiara inmediatamente la situación, pero no ha ocurrido nada».

El general de cuatro estrellas Dan Caine, alto oficial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, fue enviado a la región con la tarea de dirigir el mecanismo operativo para la retirada de las fuerzas ruandesas o pro-ruandesas del territorio congoleño. Aún es pronto para evaluar su labor, pero además de lo dicho por el padre Magnaguagno, preocupa un informe citado por el diario belga Le Soir, según el cual el presidente ruandés Paul Kagame estaría «orientado hacia la anexión definitiva del Este del Congo», en claro contraste con los compromisos adquiridos a finales de junio.

El riesgo neocolonial

Muy duras son también las críticas del doctor Denis Mukwege, Premio Nobel de la Paz 2018 por su labor de atención y rehabilitación de mujeres víctimas de violencia sexual: «Los minerales en bruto serán malvendidos a Ruanda, que los transformará y exportará, perpetuando una lógica extractivista neocolonial».

Este riesgo neocolonial es evidente también para Lindani Zungu, fundador de Voices of Mzansi, quien, citando al pensador político ghanés Kwame Nkrumah, escribió en Al Jazeera que el tratado «permite a las potencias extranjeras dominar no mediante la ocupación directa, sino por medios económicos», manteniendo así el extractivismo.

Cuando se piensa en la RDC—el país más rico en recursos del mundo, con el 70% del cobalto global (material clave para las baterías de autos eléctricos), así como abundante coltán, cobre y oro—y en Ruanda, conviene no olvidar un detalle fundamental: la RDC, pese a su enorme riqueza mineral, está entre los países más pobres del planeta, mientras Ruanda, sin un solo yacimiento en su territorio, es uno de los países más estables y prósperos de África, comerciando con Europa y Estados Unidos minerales y tierras raras provenientes del Este congoleño. Su progresiva incursión en el este del Congo tiene como objetivo precisamente el control de las minas y está en la raíz de guerras sangrientas que se prolongan desde hace décadas. Según las estimaciones más fiables, los congoleños muertos en los distintos conflictos suman unos 10 millones: una cifra espantosa que equivale a genocidio.

Si no se actúa sobre estos factores, si no se restablece un mínimo de justicia, si no se reduce la enorme desproporción entre riquezas poseídas y riquezas aprovechadas, y si no se pone fin a las expropiaciones de recursos en beneficio de terceros, será difícil restablecer la paz.

El papel del Congreso

Es evidente que un acuerdo en el que las partes en conflicto firman y se dan la mano tras años de guerras y acusaciones recíprocas lleva consigo una chispa de esperanza. Si aporta un respiro, aunque sea mínimo, a una población civil masacrada, será ya una ganancia.

Como escribe Lewis Mudge, director para África Central en Human Rights Watch: «El Congreso de Estados Unidos puede contribuir a mejorar las posibilidades de éxito y viabilidad del acuerdo exigiendo que cualquier inversión en infraestructuras o apoyo a la seguridad esté condicionada a la retirada completa de las tropas ruandesas de la República Democrática del Congo y al fin del apoyo congoleño a los grupos responsables de abusos. El Congreso también debería respaldar las investigaciones sobre crímenes graves y garantizar la instauración de un seguimiento internacional y el cumplimiento del acuerdo».

Queda por ver si el Congreso estadounidense—y, sobre todo, la figura errática que encabeza su gobierno, más interesada en sus propias riquezas que en un verdadero restablecimiento de la paz y la justicia, y que recientemente pensó en enviar a Ruanda a solicitantes de asilo llegados a Estados Unidos—seguirá este camino. Más allá de las motivaciones dudosas que han dado lugar a la firma del acuerdo, ¿será posible mantener a las dos partes alejadas de las armas y proteger, junto con los intereses propios, los de la población local?

Lo dudamos seriamente, pero al mismo tiempo no podemos sino aferrarnos a esta esperanza.

Ver, Pace o profitto? L’accordo Congo-Ruanda sotto il segno dell’estrattivismo

Foto. Minas de cobalto in Congo ©The International Institute for Environment and Development, CC BY 2.5, via Wikimedia Commons