Del 19 al 24 de septiembre de 2022 se celebró en Delhi (India) la novena reunión del Órgano Rector del Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA), un tratado vinculante que define el marco normativo para la gestión de la multiplicación de la biodiversidad agrícola y alimentaria.

Un instrumento que se supone salvaguarda las prácticas de los agricultores frente a los derechos comerciales sancionados por la Organización Mundial del Comercio. De hecho, el Tratado, en su artículo 9, define los derechos de los agricultores en torno a tres aspectos principales:

• El derecho a participar en las decisiones a nivel nacional relativas a la gestión de las semillas;
• El derecho a participar en pie de igualdad en la distribución de los beneficios derivados de la utilización y el acceso a las semillas por parte de institutos de investigación u otros agentes que utilicen variedades almacenadas en el denominado Sistema Multilateral, es decir, el conjunto de "bancos de semillas" de todo el mundo;
• El derecho colectivo a utilizar, almacenar, intercambiar y vender semillas de agricultor a agricultor.

Aunque el TIRFAA es vinculante, el informe que evalúa el cumplimiento de sus dictados por parte de las políticas públicas, presentado en la cumbre de India, indica que el 25% de las partes contratantes aún no han aplicado medidas legales para defender los derechos de los agricultores.

Hasta hoy, sin embargo, la aplicación a escala nacional de los acuerdos internacionales sigue siendo un paso crucial para mantener fuertes los derechos humanos en el mundo.

Por ello, el International Crossroads Centre, una ONG que actúa como secretaría de la plataforma mundial de movimientos sociales de pequeños productores de alimentos (el IPC), organizó y facilitó la participación de delegaciones de agricultores de cuatro continentes en la 9ª reunión del Órgano Rector del TIRFAA, con dos objetivos claros:

• recordar el carácter vinculante de los derechos de los agricultores
• y retomar el debate sobre el funcionamiento del Sistema Multilateral de Tratados, para hacerlo efectivo y evitar casos de biopiratería legalizada a través de la digitalización de secuencias genéticas materiales.

Una práctica esta que las empresas utilizan para tratar de burlar el acuerdo y para que en ningún caso tener que compensar a las comunidades locales por esos germoplasmas que fueron originalmente seleccionados durante décadas por su trabajo.

En cuanto al primer aspecto, después de cinco años los movimientos IPC han conseguido -con dificultad- sacar a la luz una contradicción. Ahora está claro que la interpretación del artículo 9 no es la misma para todos: algunos piensan que se necesitan medidas legales para proteger los derechos de los agricultores, otros que esto puede hacerse mediante patentes o recompensas a quienes registren nuevas variedades.

Sin embargo, los movimientos han hecho mayoritaria la primera lectura, señalando que la protección de los derechos no debe hacerse a través de la legislación mercantil, sino en línea con los instrumentos internacionales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Parece una nimiedad, pero esto implica que la referencia para fundamentar las normas debe ser -entre otros textos- la UNDROP, la Declaración de los Derechos de los Campesinos y de las Personas que Viven en Zonas Rurales. Es una clara señal de que no pueden ser las reglas del mercado las que guíen la aplicación vinculante de los derechos humanos.

En cuanto al segundo aspecto, es decir, el funcionamiento del Sistema Multilateral, la situación es mucho más preocupante: el último Órgano Rector del Tratado (celebrado en 2019 en Roma) terminó en nada.

El Sistema Multilateral del Tratado debería garantizar reglas estrictas sobre quién tiene acceso al material contenido en los bancos de germoplasma, pero también facilitar el acceso de los agricultores, ya que las variedades contenidas en estas instituciones han sido desarrolladas por ellos durante décadas, o incluso siglos, con una gestión dinámica de la biodiversidad.

Los problemas actuales de ese mecanismo son dos: por un lado, el pago de una especie de canon a quienes acceden a estas semillas para desarrollar nuevas variedades, una recompensa al trabajo de los agricultores; por otro, la DSI (Digital Sequence Information), es decir, la información digitalizada de las semillas físicas.

Todas las normas y artículos del tratado se aplican (de momento) sólo a los recursos materiales. Esto significa que, si los gobiernos deciden que las normas de acceso a las semillas no se aplican a su versión digital, será fácil para las empresas utilizar la versión inmaterial de las secuencias genéticas sin tener que pagar los derechos. Es más, podrían exigir derechos de propiedad intelectual sobre las contrapartes físicas seleccionadas por los agricultores y contenidas en los bancos de germoplasma: una auténtica paradoja.

Estos dos debates han frenado el tratado durante los últimos tres años y amenazan con hacerlo naufragar, vaciándolo del espíritu con el que fue aprobado en 2001. En esta enmarañada situación, los movimientos IPC han conseguido importantes resultados diplomáticos para relanzar las negociaciones:

• Se organizará un simposio en la India sobre los derechos de los agricultores, para retomar los debates sobre la aplicación del tratado y su carácter vinculante, y después, en una próxima cumbre del Consejo de Administración en Roma, buscar orientaciones más precisas.
• Se creará un grupo de trabajo sobre el sistema multilateral para definir claramente los mecanismos de recompensa por el acceso a las semillas.
• Se promoverá un estudio sobre las repercusiones de la DSI en el Tratado y su aplicación, que se presentará al próximo Órgano Rector.

Las condiciones previas para salir del atolladero negociador están entonces dadas, ahora comienza de nuevo para los movimientos el trabajo de abogacía para presionar a los gobiernos a cumplir sus promesas. Como IPC continuaremos siguiendo esta batalla y luchando por los derechos de los agricultores, para que la biodiversidad pueda seguir multiplicándose en los campos, gracias a los conocimientos de agricultores y campesinos, y contra la rapacidad de las industrias semilleras.

Ver, Diplomazia, diritti, biodiversità - Comune-info

Foto. Tomada de la Fb de Semi di Comunità - CSA Roma