En Ruanda, Burundi o en la República Democrática del Congo, la inseguridad, sobre todo la inseguridad del acceso a la tierra, es una de las principales causas de la sub-explotación del potencial agrícola y de la desnutrición de entre el 40% al 75% de la población. Esta inseguridad de acceso a la tierra ha progresivamente aumentado y acentuado a causa de los conflictos, los cambios económicos, las crisis políticas, los desplazamientos de población y el crecimiento demográfico. Las situaciones de inseguridad de acceso a la tierra en estos tres países responden a cuatro grandes factores:

1 -. El cuestionamiento del derecho a la tierra y su uso bajo la influencia de las políticas públicas que han impuesto cambios en los usos del suelo y en las prácticas de explotación de la tierra en nombre del desarrollo económico. En el pasado, los sistemas agrícolas campesinos en la región de los Grandes Lagos han demostrado que son capaces de adaptarse a los cambios y aumentar los niveles de producción. Sin embargo, los sistemas campesinos sufren, desde la colonización, de una imagen negativa a ojos de los políticos que deciden. Las intervenciones públicas han consistido históricamente en transformar el sector agrícola, modificando los usos de la tierra propios a los campesinos.

2 -. Las divisiones debido a herencias y la disminución del tamaño de las propiedades, son el resultado del crecimiento demográfico y de conflictos privados o “intrafamiliares”. Los tradicionales sistemas de acceso a la tierra han evolucionado en respuesta a la creciente presión demográfica y a la necesidad de una explotación continua de las tierras. La apropiación de la tierra se individualiza et los derechos de acceso a la tierra se definen cada vez de forma más exclusiva, en detrimento de las poblaciones más vulnerables. Estos procesos de exclusión están asociados a las ventas de emergencia y generan un clima de tensión, de hostilidad y de miedo. Los conflictos al interior de las familias y entre diferentes familias con respecto al acceso a la tierra son cada vez más importantes.

3 -. Los conflictos políticos y los desplazamientos de población debido a los numerosos conflictos violentos que han destruido los lazos sociales y la memoria de propiedad agraria. La historia de la región está marcada por una sucesión de crisis violentas consecuencia, en gran medida, de la instrumentalización de los políticos de cuestiones de identidad y de acceso a la tierra en un contexto de pobreza extrema. Tras la crisis de los años 90 en Ruanda, la zona albergaba más de 2 millones de refugiados, de entre los cuales alrededor de 1,2 millones en República Democrática del Congo y 270.000 en Burundi. Los traumatismos debidos a la guerra y los problemas de acceso a la tierra ocasionados por el retorno de los refugiados hacen muy difícil encontrar una solución. Las respuestas de los tres estados han sido variadas (creación de asentamientos rurales, reformas judiciales, distribución de tierras), pero no siempre adecuadas.

4 -. Las deficiencias y la competitividad entre diferentes instituciones y administraciones (jefes tradicionales, jurisdicciones formales o transicionales, instancias de conciliación). Las autoridades y los actores tradicionales de la gestión del acceso a la tierra han perdido parte de su legitimidad debido a sus prácticas (la venta de terrenos en el Kivu, por ejemplo) y a la manera como han ejercido sus funciones a lo largo de la historia en el sistema estatal partisano. La institución administrativa de la tierra y los poderes públicos no son reconocidos totalmente como legítimos, sobre todo por haber impuesto ciertas reglas de gestión sin ningún tipo de negociación. En la actualidad, ninguno de los dos sistemas de gestión es perfectamente legítimo y por lo tanto, no pueden garantizar la seguridad del acceso a la tierra de las poblaciones más pobres.

Todos estos factores hacen de la tierra, una cuestión central para el mantenimiento de la paz y el desarrollo económico de la región. Frente a la falta de intervención pública sobre la seguridad de acceso a la tierra, los actores de la sociedad civil han intervenido mucho estos últimos años: en primer lugar dando respuestas de emergencia a los conflictos de los años 90, como facilitar la repatriación de los refugiados y de las poblaciones desplazadas, después en la concretización de proyectos de desarrollo.

Del papel de los actores de la sociedad civil hacia un marco de análisis y de referencia común

La sociedad civil ha obtenido ciertos resultados significativos en el campo de acción, como por ejemplo:

• Desarrollo y ensayo de nuevos espacios y herramientas de gestión de conflictos (contrato social, comités de paz, terapia social, discusiones de grupo, mediaciones y sesiones de formación) que permiten "ocupar un espacio vacío" en el paisaje de la consolidación de la paz y en la resolución de conflictos locales por el acceso a la tierra;

• Restablecimiento de la confianza y de la legitimidad en las prácticas de gestión del acceso a la tierra (código de conducta para los jefes tradicionales);

• Desarrollo de dispositivos de formalización de los derechos de acceso a la tierra y pactos locales (contratos-tipo, certificados de tenencia de un terreno), en colaboración con las autoridades locales (administrativas y tradicionales) que responden directamente a la necesidad de seguridad en el acceso a la tierra;

• Participación en los debates públicos sobre la tierra (actividades de diplomacia, alianzas, consultaciones) para que se tengan en cuenta las realidades y necesidades locales.

Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil no pueden actuar de forma eficaz sin la voluntad política de iniciar un diálogo plural, aprovechando la experiencia acumulada para enriquecer de manera más eficiente los debates y mejorar las acciones iniciadas a nivel local, contribuir de una sola voz en el debate y construir un marco común de análisis y de acción a partir del cual ellas podrán llevar a cabo sus acciones y actividades de diplomacia. Aunque no exista una solución única a las cuestiones de seguridad de acceso a la tierra, siempre será posible proporcionar referentes y claves de acción para satisfacer de manera sostenible las necesidades de las poblaciones en términos de seguridad de acceso a la tierra y acompañar eficazmente las reformas en curso. En el estudio «África de los Grandes Lagos: derecho a la tierra, derecho a la paz», el GRET y el CCFD - Tierra Solidaria propone una batería de medidas para trabajar con los socios del Sur en un programa de acción conjunta, con el doble objetivo de crecimiento económico equitativo y consolidación de la paz.