Los medios de subsistencia —especialmente en el norte rural— se han vuelto cada vez más frágiles, mientras que las autoridades federales y estatales no han logrado ofrecer respuestas eficaces ante la creciente vulnerabilidad. Con sistemas formales de gobernanza débiles en estas zonas, la violencia armada y la criminalidad han encontrado un terreno fértil para expandirse.

«Las cifras son alarmantes, y la criminalidad sigue aumentando, junto con la inseguridad social y las tasas de mortalidad», explicó Usman Abba Zanna, periodista de Hum Angle, una de las principales publicaciones digitales de Nigeria.

Durante años, la atención se ha centrado en el noreste y en las insurgencias yihadistas de Boko Haram y del Estado Islámico en África Occidental (ISWAP). Sin embargo, lo que ha pasado más desapercibido es el número aún mayor de víctimas mortales en el noroeste debido a la violencia de grupos criminales, conocidos coloquialmente como «bandidos».

Aislados y abandonados

Las bandas de bandidos —generalmente formadas por jóvenes hombres fulani— están asentadas en varios distritos rurales del noroeste y del centro-norte. En estas zonas la presencia del Estado es mínima, no solo en términos policiales, sino también en lo que respecta a las instituciones públicas y al acceso a los servicios básicos. Comunidades enteras han quedado aisladas y abandonadas.

«Cuando se crean este tipo de vacíos, los grupos armados pueden pasar a controlar distintos aspectos de la vida cotidiana», afirmó Siobhan O’Neil, responsable del proyecto Managing Exits from Armed Conflicts del Instituto de las Naciones Unidas de Investigación sobre el Desarme (UNIDIR).

La magnitud de la violencia —que incluye secuestros masivos y la extorsión sistemática de comunidades enteras— ha sido tan extrema que el gobierno federal ha llegado a calificar formalmente a los grupos de bandidos como «terroristas».

«Aunque las autoridades los han designado como terroristas, no encajan plenamente en esa definición», declaró Anietie Ewang, investigadora sobre Nigeria en Human Rights Watch, a The New Humanitarian. «Su violencia está impulsada más por la notoriedad y el beneficio económico que por una ideología».

Ibrahim Zikirullahi, del Centro para los Derechos Humanos y la Educación Cívica, describe a estos grupos como redes criminales estructuradas que se financian mediante el pago de rescates, el control de recursos locales y la imposición de tributos a las comunidades.

Las bandas de bandidos surgieron inicialmente en Zamfara —uno de los estados más pobres de Nigeria— durante la década de 2010. Un mosaico de reservas forestales escasamente vigiladas en el noroeste les proporcionó refugios seguros, mientras que una red criminal —que suministraba armas y facilitaba el transporte del ganado robado— les permitió expandirse.

La violencia que perpetran es brutal: secuestros, asesinatos, robos a mano armada y violaciones. «Los grupos suelen atacar de noche o al amanecer, en gran número», explicó el periodista de la BBC Chiagozie Fred Nwonwu. Sus objetivos van desde aldeas y zonas periurbanas hasta escuelas, carreteras y lugares de culto.

Las narrativas populistas y conspirativas tienden a confundir el bandolerismo con el yihadismo. En gran parte del sur de Nigeria, los hombres fulani musulmanes son presentados con frecuencia como la vanguardia de una supuesta agenda de «islamización», una acusación desacreditada que, sin embargo, ha sido repetida por nacionalistas cristianos en Estados Unidos. La realidad es que el bandolerismo responde más a la criminalidad que a la política y, por ello, los grupos yihadistas han evitado en general una asociación formal.

«En algunos estados existen grupos criminales que son fulani, pero todos los demás también terminan siendo etiquetados como fulani», señaló Ewang. «Eso alimenta los delitos de odio, la hostilidad y las represalias contra toda la comunidad fulani».

Una política del agravio

La violencia rural suele describirse como el resultado de disputas territoriales basadas en identidades entre pastores fulani y agricultores hausa en el noroeste, o entre pastores y comunidades agrícolas en los estados del llamado Middle Belt. Sin embargo, un informe del UNIDIR señala que esas divisiones son mucho menos claras de lo que se cree y que ocultan una larga tradición de convivencia y de intercambio cultural.

Aun así, las tensiones existen y han aumentado. Los grupos fulani, cuyos medios de vida dependen de la movilidad estacional y del acceso a pastos y agua, se han visto afectados por un sistema de tenencia de la tierra que favorece a los agricultores sedentarios, así como por un clima cada vez más seco que los obliga a desplazarse más al sur, hacia zonas con menor tradición de contacto.

Los pequeños agricultores invaden cada vez más las rutas del ganado y las reservas de pastoreo, pero su peso político —como electorado sedentario— tiende a inclinar a su favor los mecanismos de resolución de conflictos.

Los pastores —sean bandidos o no— suelen estar armados con armas automáticas, lo que les otorga ventaja en muchos enfrentamientos. Su movilidad también hace que raramente esperen a que los procesos judiciales sigan su curso, deteriorando aún más las relaciones entre comunidades.

El sentimiento de agravio fue uno de los primeros motores del bandolerismo en el noroeste. Los fulani rurales fueron inicialmente las víctimas de bandas dedicadas al robo de ganado. Pero a medida que la criminalidad se expandió, todos los fulani pasaron a ser percibidos como bandidos por los agricultores hausa, convirtiéndose en objetivo de grupos de vigilancia campesina que buscaban venganza —y botín—.

La magnitud de la violencia de represalia —incluidas ejecuciones extrajudiciales y la prohibición efectiva de acceso a los mercados— llevó a muchos hombres fulani a unirse a grupos de autodefensa, que posteriormente evolucionaron hacia las actuales bandas criminales.

Sin embargo, las identidades pueden ser fluidas. «Muchos fulani se han asentado en centros urbanos y no son necesariamente pastores», señaló O’Neil. «Muchos tienen ascendencia mixta y hablan hausa y, en zonas predominantemente hausa, también pueden identificarse como hausa».

La violencia afecta a todas las comunidades —fulani, cristianas, musulmanas o hausa— «especialmente a aquellas que dependen de la agricultura y la ganadería en zonas rurales alejadas de los centros urbanos donde la presencia del Estado es limitada», señaló Ewang. «Pero es importante reconocer que la situación está empeorando y que factores estructurales están alimentando la violencia».

Fuerzas de seguridad superadas

Actualmente se estima que alrededor de 30.000 «bandidos» operan en estados del noroeste y centro-norte como Kaduna, Sokoto, Katsina y Kebbi, en una red de grupos que va desde pequeñas células hasta formaciones motorizadas en motocicleta que pueden reunir a cientos o incluso miles de miembros.

Su movilidad, los ingresos que generan —incluidos los procedentes de la minería de oro y litio— y la falta de una presencia eficaz de las fuerzas de seguridad les permiten mantener sus operaciones.

Aunque la policía debería encabezar la respuesta frente a la criminalidad, ha sufrido décadas de falta de financiación, corrupción y escasez de recursos. Con entre 350.000 y 370.000 agentes para una población de 240 millones de habitantes, el país se sitúa muy por debajo de la recomendación de la ONU de un policía por cada 400 personas.

Cuando se producen ataques, la policía suele carecer de vehículos y equipos de comunicación, y a menudo está peor armada que los criminales, lo que alimenta la impunidad y agrava las tensiones comunitarias.

El ejército nigeriano, ya sobrecargado, asume con frecuencia tareas de seguridad interna. Sin embargo, las respuestas militarizadas no han garantizado la seguridad y pueden provocar violaciones de derechos humanos, incluidos bombardeos aéreos contra objetivos equivocados.

La industria del secuestro

El secuestro constituye otra actividad altamente lucrativa para los bandidos. Desde 2019, los casos han aumentado hasta un 700 % en comparación con la década anterior y ahora implican una red de cómplices que incluye informantes y blanqueadores de dinero.

Según un informe del grupo de análisis de riesgos SBM, con sede en Lagos, se registraron alrededor de 15.000 secuestros entre 2019 y 2025, la mayoría en estados del norte.

«Las comunidades viven con miedo constante, con profundos traumas y una grave fragmentación social; quienes pueden permitírselo pagan tributo para sobrevivir», explicó el periodista Nwonwu.

El secuestro funciona como un impuesto regresivo sobre comunidades ya empobrecidas. En esta «economía del miedo», la inseguridad reduce la producción agrícola y el suministro de alimentos, vacía los mercados, interrumpe las rutas comerciales y de transporte y eleva los precios.

Se estima que los pagos de rescates alcanzaron alrededor de 15 millones de dólares entre 2017 y 2025.

«Como resultado, hemos observado descensos indirectos del PIB en regiones enteras», declaró Confidence McHarry, analista de SBM, a The New Humanitarian. «La única manera real de reducir los secuestros a largo plazo es mejorar las condiciones económicas, reducir el desempleo y frenar la inflación».

El costo social

Según las agencias de la ONU, más de la mitad de la población de Nigeria vive en pobreza extrema. Las tasas más altas se encuentran en los estados del norte, que también presentan los peores indicadores sociales, desde educación hasta salud y nutrición.

La inseguridad ha provocado enormes desplazamientos de población, lo que empobrece aún más a las comunidades. En el noroeste, más de 750.000 personas han sido expulsadas de sus hogares; en el noreste, 16 años de violencia yihadista han obligado a 2,5 millones a huir.

«La mayoría de los desplazados sobrevive en campamentos informales —muchos ya convertidos de facto en asentamientos permanentes— sin acceso garantizado a alimentos, atención sanitaria o seguridad», señaló Abiodun Baiyewu, directora ejecutiva de Global Rights Nigeria.

La violencia y los secuestros también han debilitado el sistema educativo. Más de 2.200 niños han sido secuestrados en escuelas durante la última década, con más de 600 casos registrados solo en 2025 en estados del norte y centro-norte, según la ONG Global Rights Nigeria.

Las escuelas rurales son objetivos fáciles: están mal protegidas y los secuestros masivos obligan a los gobiernos estatales —bajo presión pública— a negociar con los bandidos, cuyas exigencias de rescate suelen ser pagadas.

«Secuestrar estudiantes proporciona dinero, visibilidad y poder, y refuerza la percepción del fracaso del Estado y de la inseguridad en regiones políticamente sensibles», afirmó Dengiyefa Angalapu, investigador del Centro para la Democracia y el Desarrollo, un centro de estudios con sede en Abuja.

Sin embargo, la fragilidad del sistema educativo es anterior al auge de los secuestros. En los estados del norte, solo entre el 20 % y el 30 % de los niños asiste a la educación secundaria.

Se está desarrollando un ciclo preocupante: «El acceso a la educación está disminuyendo, aunque la educación proporciona redes sociales y oportunidades y reduce la alineación con grupos armados», explicó Ewang.

En 2020, el desempleo y el subempleo juvenil superaban el 50 %, lo que vuelve a poner de relieve la profunda crisis de oportunidades y de medios de vida en Nigeria. En tales circunstancias, la criminalidad puede parecer una opción viable, especialmente cuando las probabilidades de ser detenido no son particularmente altas.

«El resultado es una cohesión social cada vez más frágil: comunidades que ya no confían unas en otras», concluyó Angalapu.

Si la crisis de gobernanza de Nigeria no se aborda con urgencia, el país corre el riesgo de quedar atrapado en un ciclo de violencia que amenaza con profundizar la fragilidad del Estado y desperdiciar el futuro de su juventud.

Foto: Familias desplazadas internamente caminan por una comunidad del norte de Nigeria tras huir de la violencia de los bandidos. © Immanuel Afolabi/TNH