El 19 de julio de 2019 se cumplen 40 años de la derrota de la sangrienta dinastía Somoza. Pero no hay mucho que celebrar en Nicaragua. El pueblo vive bajo otra dictadura, la del comandante Daniel Ortega y su esposa.

Cuando los sandinistas tomaron el poder en 1979, la mayor expectativa era la reforma agraria. El 4% de la tierra era cultivada en un 70% por pobres campesinos, mientras que menos de 2.000 personas poseían más del 50% y menos del 5% controlaban el 85% de la tierra. Cuando llegaron al poder, los sandinistas para aliviar la pobreza del país crearon el Instituto Nicaragüense de Reforma Agraria. La década de 1980 estuvo llena de esperanza y dinamismo, a pesar de la guerra de los Contra financiada por los Estados Unidos.

Se asignaron tierras a campesinos sin tierra, se crearon granjas cooperativas y granjas estatales. Sólo fueron distribuidas las tierras que no estaban en producción, abandonadas o sin uso y pocas fueron las expropiaciones. No se prestó atención a la extensión de las fincas mientras la tierra fuera productiva. Se reorganizaron hasta 13.7 millones de acres de tierra agrícola (1.7 millones de hectáreas cultivadas y 12 millones de hectáreas de pastos) para aumentar la productividad. En 1986, el 10% de las tierras eran propiedad de los agricultores, el 21% eran cooperativas agrícolas administradas por agricultores antes sin tierra, las empresas estatales poseían alrededor del 20%, los pequeños y medianos productores el 35%, los campesinos el 7 %. En 1990, más del 40% de las tierras productivas habían sido redistribuidas por la reforma agraria.

Sin embargo, fue entonces cuando Daniel Ortega perdió las elecciones contra Violeta Chamorro. Durante la década de 1990, habían surgido conflictos entre las filas del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Algunos sandinistas habían abandonado el partido, uniéndose o creando otros partidos políticos, alegando que el FSLN no era democrático. La guerra de la Contra había durado más de 10 años y la gente estaba cansada. Cuando Violeta Chamorro comenzó la contrarreforma agraria, no encontró oposición. En 1997, las elecciones llevaron a Arnoldo Alemán a la presidencia. En 2002, cuando terminó su mandato (él fue condenado por corrupción en 2003), menos del 10% de la tierra productiva estaba todavía en manos de los campesinos que la habían obtenido a través de la reforma agraria.

Siguió la presidencia de Enrique Bolanos, empresario, terrateniente, productor de algodón y presidente del Consejo Supremo de Empresas Privadas (COSEP). Su gestión del estado allanó el camino para que el líder sandinista Daniel Ortega regresara a la escena política y ganara las elecciones en noviembre de 2007. Los nicaragüenses no habían olvidado a los sandinistas y esperaban que lo que no se había realizado en la década de 1980 debido a la guerra de la Contra se convirtiera realidad en una temporada de paz. Una esperanza que no duró mucho.

Gran parte de la tierra agrícola volvió a concentrarse nuevamente en manos de grandes terratenientes y empresas extranjeras. Después de 7 años de gobierno sandinista, el 40% de los campesinos nicaragüenses, unos 170,000, seguían sin tierra y la seguridad alimentaria era una vez más preocupante. El sector agrícola estaba creciendo, pero solo gracias a la cría de ganado, causa de la deforestación y actividad de los grandes terratenientes, algunos nicaragüenses, pero muchos extranjeros. Más de 100,000 hectáreas de tierra eran ahora propiedad de empresas extranjeras y transnacionales. Las inversiones estadunidenses, canadienses, suizos, costarricenses, mexicanos, guatemaltecos y chinos estaban en todas partes, incluso en los complejos turísticos privados y en los proyectos de condominios. Todo llevaba a pensar que Ortega había renunciado a la soberanía, a la seguridad alimentaria y al trabajo para eliminar la pobreza.

Este deterioro de la vida económica condujo a la "revuelta social" del 18 de abril de 2018 y desde entonces todo se ha ido abajo. La represión del gobierno sandinista ha sido violenta. En los 5 meses que siguieron, más de 30.000 nicaragüenses se sintieron obligados a emigrar legal o ilegalmente, las muertes serían 481, los heridos casi 2.000 y más de 1.200 las detenciones ilegales, los secuestros, las desapariciones forzadas y los presos políticos. La Comisión Internacional de los Derechos humanos (CIDH) habla de 322 muertes y el gobierno de Ortega solo reconoce 198; sin embargo la pobreza y las migraciones en aumento, el aislamiento internacional del gobierno y la interminable ola represiva condenan a un régimen que había despertado esperanzas en el país y en toda América Latina.

Alvaro Leiva, director de la ONG "Asociación de Derechos Humanos de Nicaragua (ANPDH), exiliado en Costa Rica por razones de seguridad, expresa un juicio "absolutamente negativo".

"No puede haber desarrollo económico en un país que hace un uso desproporcionado de la fuerza en contra de los civiles y de los derechos humanos. El desarrollo de un país no puede guiarse desde la cumbre de una montaña de cadáveres". Las organizaciones internacionales, los posibles donantes y los países aliados ya no quieren saber de colaborar; otros, como los Estados Unidos, imponen sanciones económicas.

Nicaragua, gobernada por Ortega desde 2007, es el segundo país más pobre del hemisferio después de Haití. De sus 6.3 millones de habitantes, el 47%, un porcentaje que se eleva al 60% en áreas rurales, vive en la pobreza. Los efectos económicos de la crisis política hacen que las vidas de las personas más vulnerables sean cada vez más precarias.

Desde que comenzó la crisis, según los economistas, se habrían perdido 215.000 empleos, de los cuales 70.000 en el sector del turismo, que en los últimos años se ha convertido en la principal fuente de divisas, y la oferta turística se ha reducido en un 55%, según El Banco Central de Nicaragua. Más de 900 millones de dólares se hubieran escapado al sistema financiero; las inversiones en turismo, construcción, desarrollo agrícola, actividades bursátiles y otros sectores de la economía están congeladas; los vuelos internacionales suspendidos o reducidos. El impacto económico de la crisis se ha cuantificado en más de 1.200 millones de dólares, en un país con un PIB (producto interno bruto) de alrededor de 14.000 millones de dólares. El crecimiento económico se reduciría del 4,9% en 2017 a cero%, según economistas independientes.

La crisis está llevando a la inseguridad alimentaria: miles de hectáreas de tierra productiva han sido ocupadas por invasores en demanda de vivienda social, más de 4.855 hectáreas de tierra privada han sido invadidas por partidarios del gobierno, en venganza contra los legítimos propietarios por el apoyo brindado a los manifestantes. Más del 90% de las granjas invadidas eran utilizadas para la agricultura, el ganado y el mejoramiento genético de los alimentos.

Los diversos intentos de diálogo para buscar una salida a la crisis, en los que se involucraron también la Iglesia Católica y las organizaciones sociales y estudiantiles han fracasado. Durante  estas sesiones de diálogo, el gobierno apoyó a grupos callejeros violentos para intimidar a los opositores políticos e incluso a la iglesia ((Cardinal, nuncio and bishop attacked by mob in Nicaragua - Cardinal, nuncio y obispo asaltados por  violentos en Nicaragua. Turbas agreden a obispos y Nuncio en Carazo, y roban a periodistas). "El panorama del país, a corto, mediano y largo plazo, es triste, oscuro, peor que Venezuela, porque al menos allá hay petróleo; aquí dependemos de la producción agrícola y del turismo, dos voces gravemente afectadas por la crisis que Ortega ha generado con la represión " (Declaracion a IPS).

La situación está tan deteriorada que ha llevado a uno de los antiguos partidarios y activistas del sandinismo a decir: el 19 de julio, día amargo para Nicaragua. "Los logros sociales de los primeros años de la revolución sandinista han sufrido una regresión brutal y dramática. Es asombroso ver cómo uno de los líderes de esa revolución haya cambiado: de liberador a represor, de pionero a verdugo de esperanzas y realidad. Negocios ambiguos con los chinos, corrupción flagrante, represión brutal y regresión legislativa: Nicaragua es hoy un país que añora los resultados logrados hace unos años (19 de julho, data amarga para a Nicarágua).