La crisis de las democracias contemporáneas ya no puede comprenderse a través de las categorías políticas de derecha e izquierda, nacidas en un contexto histórico en el que el conflicto giraba principalmente en torno a la distribución de los recursos, al papel del Estado en la economía y a la extensión de los derechos sociales dentro de un marco estatal relativamente estable. Hoy ese marco ha desaparecido. La cuestión decisiva ya no se refiere a cómo gobernar, sino a si todavía existe un orden compartido dentro del cual el ejercicio del poder pueda considerarse legítimo.
La derecha y la izquierda presuponían un espacio común: la democracia constitucional, el Estado de derecho y el reconocimiento recíproco de los actores políticos como adversarios legítimos. La crisis actual, en cambio, se sitúa en un nivel más profundo: afecta a las propias condiciones de posibilidad de la convivencia democrática y del orden internacional. La línea de fractura ya no separa campos ideológicos, sino formas de poder: poder limitado y poder ilimitado, poder responsable y poder depredador, soberanía como autodeterminación y soberanía como dominio.
El caso de Venezuela constituye un ejemplo emblemático de esta transformación. La intención declarada de la administración Trump de “liberar” Venezuela no debe leerse principalmente como una operación de política exterior motivada por ideales democráticos, ni como una intervención ideológicamente marcada. Debe interpretarse más bien como un acto de rearticulación de la hegemonía: ya no como garantía de un orden global, sino como ejercicio directo de una soberanía regional incontestable.
Aquí reaparece, bajo nuevas formas, una concepción jerárquica de la soberanía, según la cual ciertos territorios son considerados de hecho políticamente inmaduros o estructuralmente incapaces de ejercer una autonomía plena. Su legitimidad no se niega en principio, sino que se subordina a la evaluación de la potencia dominante, que se arroga el derecho de decidir si y cuándo puede ser reconocida. Es una lógica que acompañó las grandes expansiones territoriales de la modernidad y que hoy se reactiva en clave geopolítica. No importa quién gobierne formalmente: lo que importa es que ninguna soberanía alternativa sea admitida como verdaderamente autónoma o capaz de competir con la del imperio regional.
Esta lógica no es “de derecha” ni “de izquierda”. Es pos-ideológica, fundada en una concepción funcional del derecho y en una reducción de la política a técnica de control del espacio y de los recursos. El derecho internacional no es abolido, sino que se suspende; la soberanía no se niega, sino que se vacía.
La misma lógica está en acción en la invasión de Ucrania por parte de la Rusia de Vladímir Putin. También en este caso, las categorías tradicionales se revelan inadecuadas. Reducir el conflicto a un enfrentamiento entre la OTAN y Rusia, o a una provocación occidental, significa no comprender el punto esencial: la negación del derecho a la existencia política de un Estado soberano.
Para el Kremlin, Ucrania no es un sujeto político plenamente legítimo, sino un espacio disputado, una periferia histórica, un territorio cuya soberanía se considera derivada, artificial y revocable. La invasión de 2022 no es solo un acto militar, sino un gesto fundacional: la guerra como instrumento de reconstitución del orden imperial. También aquí el principio es el de tierra de nadie: no en el sentido de ausencia de población, sino en el sentido de ausencia de una soberanía reconocida como otra e inviolable.
Es en este contexto donde se comprende la peligrosa ambigüedad de una parte del discurso público occidental, especialmente a la izquierda, inclinada a interpretar la agresión rusa como una reacción comprensible a la expansión occidental. Esta lectura, aunque animada por intenciones críticas hacia el imperialismo, termina por justificar lo injustificable: la transformación de la fuerza en fuente de legitimidad. Una vez más, el error nace del uso de categorías ideológicas incapaces de captar la naturaleza del cambio en curso.
Venezuela y Ucrania, aparentemente distantes, pertenecen a la misma constelación geopolítica: la regionalización del orden mundial. Estados Unidos, Rusia y China ya no buscan un orden universal, sino esferas de influencia impermeables, dentro de las cuales el derecho internacional queda subordinado a los intereses estratégicos. Lo que emerge es un mundo “en bloques” no ideológicos sino territoriales, en el que la soberanía de los Estados más pequeños es condicionada, negociada o simplemente ignorada.
Esta transformación marca el fin de la ilusión liberal según la cual la interdependencia económica y las instituciones multilaterales habrían hecho la guerra obsoleta. Por el contrario, la guerra vuelve como instrumento ordinario de la política exterior, y con ella regresa una concepción arcaica de la soberanía, basada en la capacidad de imponer la propia voluntad.
En este escenario, Europa aparece dramáticamente carente de una gramática geopolítica autónoma. Vinculada a un orden que se disuelve e incapaz de producir uno nuevo, oscila entre dependencia estratégica e impotencia normativa. Es significativo que una de las voces más claras en defensa de los principios democráticos universales no provenga de un Estado, sino de la Santa Sede.
La intervención del papa León XIV sobre Venezuela, así como sus repetidas declaraciones sobre Ucrania, reafirma un punto decisivo: la soberanía no nace de la fuerza, sino del reconocimiento del bien de los pueblos y del derecho. De este modo, la diplomacia vaticana ocupa el espacio vacío dejado por el colapso del derecho internacional, recordando que sin principios comunes no existe equilibrio, sino solo dominio.
La crisis de las democracias no es, en última instancia, una crisis de alineamientos políticos, sino una crisis de fundamentos. La derecha y la izquierda no desaparecen, pero se convierten en categorías secundarias respecto a la fractura fundamental de nuestro tiempo: la que existe entre un mundo regulado por el derecho y un mundo gobernado por la fuerza.
Ucrania y Venezuela muestran que lo que está en juego no es la victoria de una ideología, sino la supervivencia de un orden en el que la soberanía no coincida con la capacidad de destruir. Si falta esta conciencia, la política se reduce a hinchismo, la crítica a justificación y la democracia a una envoltura frágil, destinada a romperse bajo el peso de poderes que ya no reconocen ningún límite.
En este sentido, la verdadera alternativa geopolítica de nuestro tiempo no es entre derecha e izquierda, sino entre la democracia como principio universal y la soberanía depredadora como destino del mundo.
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