Mientras el Consejo de Derechos Humanos examina el informe, una coalición internacional de la sociedad civil se opone a los intentos de socavar este proceso crucial. Mirando hacia la próxima ronda de negociaciones en octubre, se les pide a todos de apoyar los esfuerzos de la sociedad civil durante los próximos meses. Si realmente queremos proteger la dignidad humana y nuestro planeta, necesitamos un instrumento que vincule jurídicamente las corporaciones transnacionales.

Varios Estados poderosos - principalmente los donde tienen sede las grandes empresas - se han negado hasta ahora a participar de forma constructiva en este proceso. Ahora intentan imponer su punto de vista a otros Estados. Al hacerlo, están ignorando los progresos realizados durante los últimos siete años y la imperiosa necesidad de actuar que exige la realidad.

La mayoría de estos Estados pretenden que los documentos existentes, como los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos, son suficientes. Sin embargo, una y otra vez, estos marcos voluntarios han demostrado ser inadecuados para prevenir o remediar los abusos de los derechos humanos por parte de las empresas. En años anteriores, la sociedad civil internacional ha hecho lo posible para llamar la atención sobre la situación de las víctimas que buscan justicia en casos relacionados con la minería, como los de Brumadinho (Brasil), Arica (Chile), Marinduque (Filipinas), et Kabwe (Zambia), en los que una combinación de negligencia corporativa y escasa supervisión gubernamental ha causado daños duraderos y devastadores.

En países como Guatemala, Colombia, El Salvador, Indonesia, and República Democrática del Congo, la sociedad civil internacional ha hecho frente a la amenaza que suponen los proyectos industriales a gran escala para el acceso al agua y otros derechos humanos. En la mayoría de los casos, se les permitía a las empresas eludir la plena responsabilidad por sus fechorías utilizando diferentes vacíos legales. Mientras tanto, los daños que han causado se dejarán probablemente sentir durante generaciones.

A menudo, las violaciones de los derechos humanos se producen en las primeras fases de los proyectos extractivos, cuando las comunidades son todavía mantenida en la oscuridad sobre todos sobre los impactos y riesgos, y son excluidas de los supuestos beneficios. Por ese motivo, el "Consentimiento libre, previo e informado" es una de las cuestiones clave que se tratan en recientes fichas técnicas sobre los derechos humanos y los pueblos indígenas Franciscans International. También es la razón por la que Franciscans International está trabajando estrechamente con varios expertos en derechos humanos de la ONU sobre esta cuestión contribuyendo, por ejemplo, al desarrollo del “ciclos megaproyectos” del ex-Relator Especial sobre los derechos al agua y al saneamiento, que ayuda a las comunidades a situarse en los procesos de estos megaproyectos.

Pero el hecho es que todos estos esfuerzos solo pueden tener un impacto limitado sin un tratado global y obligatorio de la ONU. Desde 2014, Franciscans Internacional ha apoyado estas negociaciones, tanto proporcionando apoyo técnico como llevando a representantes de las comunidades afectadas a la ONU para que aporten sus testimonios. A pesar de ello, siete años después nos encontramos en una encrucijada. La próxima sesión en octubre de 2022 del grupo de trabajo de la ONU encargado de las negociaciones será probablemente un momento crítico para este proceso. Esta lucha por la responsabilidad de las corporaciones ha sido, y seguirá siendo, un esfuerzo colectivo.

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