Dubón, presidente de la Asociación de Desarrollo Comunal Lempa Abajo, es oriundo de San Carlos Lempa, un caserío del oriental municipio de Tecoluca donde están ubicadas las oficinas de la asociación, que administra un proyecto de agua comunitario nacido aquí hace 25 años.

Al igual que otras localidades, el caserío incorpora en su nombre al río Lempa, que discurre por más de 440 kilómetros de este pequeño país, antes de desembocar en el océano Pacífico. Es el más largo de El Salvador y su cuenca resulta vital para la vida y la actividad agropecuaria de una parte considerable de las comunidades rurales locales.

Estas tierras costeras, antiguas haciendas de algodón, fueron parceladas y distribuidas a parte de los guerrilleros que recién se habían desmovilizado, tras el fin de la guerra civil salvadoreña, que asoló a este país centroamericano de 1980 a 1992.

Debido a que el uso indiscriminado de agroquímicos en el algodón y luego en la caña de azúcar, había alcanzado los mantos acuíferos, los residentes de San Marcos Lempa tuvieron que buscar una fuente más limpia, y la encontraron en un pozo ubicado a 13 kilómetros más al norte.

Con el apoyo de la cooperación internacional montaron este proyecto de agua comunitario, del que ahora se abastecen 26 comunidades cercanas que engloban unas 2.000 familias y que de otro modo tendrían dificultades para tener acceso a agua por tuberías.

Según cifras oficiales, 95,5 % de los hogares del área urbana cuentan con acceso a agua por tubería, pero la cifra baja hasta 76,5 % en el área rural. Los beneficiarios del proyecto de agua pagan mensualmente 5,65 dólares por 15 metros cúbicos, los necesarios para abastecer a una familia de unas seis personas. Con la instalación de contadores en cada hogar, se puede verificar si ese consumo ha aumentado, y ese costo se agrega a la factura. Para tener acceso a esta red comunitaria, cada familia debió pagar 389 dólares por la instalación y otros costos del sistema, con la posibilidad de pagar ese monto en seis cuotas. Actualmente, alrededor de 70% de los residentes está conectado al servicio, y el resto se abastece con los vecinos que cuentan con el sistema.

La sostenibilidad del proyecto ahora está en riesgo debido a que los impactos del cambio climático, la deforestación y el monocultivo de la caña de azúcar han golpeado las cuencas hidrográficas del país y de la región. El pozo del que se abastece San Carlos Lempa ha bajado casi tres metros del nivel óptimo en que se encontraba hace unos años, y ello ha obligado a tomar medidas de racionamiento. “Ya la hemos venido racionando desde hace dos años, la servíamos un día a unas comunidades, y otros días, a otras”, afirma Dubón. Pero debido a la necesidad que tenga el pozo, a partir de un estudio técnico que pronto se iniciará, “vamos a racionarlo más”.

La industria azucarera, cuya materia primera es la caña de azúcar, es un sector con poderosa influencia en la economía y la política del país que cuenta con 7,3 millones de habitantes. La Asociación Azucarera aglutina al sector y está integrada por seis ingenios, controlados por influyentes familias salvadoreños del sector agroindustrial. El rubro azucarero genera unos 48.000 empleos directos, otros 187.000 indirectos y genera más de 186,5 millones de dólares como aportes económicos. Sin embargo, la industria está bajo la crítica constante de grupos ambientalistas debido a la contaminación que implica, ya sea por el uso indiscriminado de agroquímicos, por el excesivo consumo de agua en el riego o por prácticas nocivas para el ambiente. Entre estas está la “quema” de los cañales durante la zafra, para volver el proceso más eficiente, pues es más fácil y rápido para los miles de braceros cortar la caña con las hojas están parcialmente quemadas. Pero las quemas traen contaminación al ambiente, y lo más preocupante es el uso intensivo de agua para regar los sembradíos.

En un reportaje de 2016, IPS reveló los impactos de ese sector agroindustrial en el modo de vida de campesinos y en los impactos que trae a los ecosistemas. En ese entonces la industria minimizó esas consecuencias y aseguró que se regaba solo 15% de las 116.000 hectáreas dedicadas ese año al cultivo a nivel nacional.

La problemática que se vive en el sistema de agua de San Carlos Lempa no es la excepción.

En el caserío San Fernando, también del municipio de Tecoluca, el recurso hídrico se ha visto igualmente afectado, por las mismas razones. “La estamos racionando para cuidarla”, explicó a IPS la administradora de la Junta de Agua de la comunidad Santa Mónica, Silvia Ramírez.

Los beneficiarios manejan su consumo por medio de contadores y las familias “han aprendido a usarla racionalmente”, acotó.

Otros municipios del país, aun con el servicio suministrado por el Estado, enfrentan día a día problemas para abastecerse, pues aunque tengan conexión por tuberías, el agua simplemente no llega a sus grifos. Los medios salvadoreños reportan regularmente bloqueos de carreteras por parte de enfurecidos residentes de barrios urbanos o municipios rurales, al no contar con el servicio.

Los esfuerzos de las comunidades rurales por cuidar el recurso hídrico contrastan con las decisiones a las que están llegando los legisladores salvadoreños con el anteproyecto de Ley de Aguas, en el artículo sobre la Autoridad Nacional del Agua (ANA), que sería el ente rector.

Los diputados de la comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, de la Asamblea Legislativa, han alcanzado un acuerdo, el 18 de marzo, para que en la junta directiva de ese ente participen los sectores industrial y agropecuario. El acuerdo, con luz verde de ocho de los 11 miembros, aún no ha sido discutido ni aprobado en el pleno pero tuvo el aval en la comisión de todos los partidos políticos, excepto el del gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que dejará el poder en este mes de junio. Eso significa que, de pasar a debate, ya hay un preacuerdo favorable para que esos influyentes sectores, con intereses ajenos a aquellos generales de la población, participen del ente rector y logren controlar las decisiones tomadas en torno al recurso hídrico. Un movimiento social ha iniciado el viernes 22 de marzo con marchas de protesta a lo largo de la semana en que se ha celebrado el Día Internacional del Agua, insiste en que solo participen entidades estatales. “Si incluimos a los sectores privados, que solo ven el lucro y las ganancias, es como poner al lobo a que cuide a los ovejas”, dijo la activista Marielos de León.

La ANA estaría conformada por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, alcaldías, juntas ciudadanas de agua y la Universidad de El Salvador, además de los dos sectores privados involucrados.