A continuación, el Papa pidió a Dios "que abra el corazón de los responsables políticos y de todos los ciudadanos a la búsqueda sincera de la paz, que nace de la verdad, de la justicia, de la libertad y del amor, y se alcanza mediante el paciente ejercicio del diálogo".

¿Qué está pasando en este país latinoamericano?

Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa y administrador apostólico de Estelí, en el norte de Nicaragua, fue condenado la noche del 10 de febrero pasado a 26 años y 4 meses de cárcel y a la privación de derechos civiles a perpetuidad, por negarse a abandonar el país junto con los 222 presos políticos expulsados. El obispo está acusado de atentar contra la integridad nacional del Estado y de la sociedad nicaragüense, de difundir noticias falsas y de desacato a las autoridades. Monseñor Álvarez, de 56 años, se encontraba bajo arresto domiciliario desde el pasado mes de agosto.

Desde hace tiempo, el régimen de Daniel Ortega ha tomado medidas represivas contra la Iglesia en Nicaragua, considerada no alineada con el poder. Ha cerrado el canal de televisión de la Conferencia Episcopal y otros dos canales católicos, así como varias emisoras de radio católicas; ha retirado el acuerdo diplomático a Waldemar Stanislaw Sommertag, nuncio apostólico en Managua desde 2018, obligándole a abandonar el país; ha impedido procesiones y peregrinaciones; ha detenido varios sacerdotes bajo acusaciones falsas; ha cancelado la personalidad jurídica de más de 600 ONG, entre ellas la asociación "Misioneras de la Caridad"; y las monjas de la Madre Teresa tuvieron que abandonar el país.

Decenas de miles de nicaragüenses han huido del país en los últimos años, sobre todo tras las grandes protestas populares de 2018, debido a la represión de un régimen a menudo comparado con la dictadura somocista contra la que nació la revolución de 1979, bajo la bandera de Sandino (Fides).

En el origen, los grandes cambios en el Frente Sandinista que se ha convertido en "propiedad privada", en manos de la pareja presidencial, Daniel Ortega y Rosario Murillo, que detentan el control absoluto de las instituciones del Estado, en simbiosis con la oligarquía económica nicaragüense.

El exilio se ha convertido en la única posibilidad de resistencia.

Nicaragua, como muchos países centroamericanos, tiene una historia cíclica de opresión, viviendo en una espiral de regímenes autoritarios, resistencia social, lucha por la democracia y situaciones dolorosas.

Tras la caída del régimen somocista en 1979, nadie hubiera imaginado que, 40 años después, el gobierno del mismo partido que había encabezado la revolución contra aquella dictadura se convertiría en una nueva dictadura. Daniel Ortega, quien volvió al poder en las elecciones de 2006, estableció un régimen de terror, desencadenado por la reacción represiva en 2018 contra las protestas pacíficas que habían surgido como reacción a las reformas unilaterales de la seguridad social. Aquellas protestas eran el desbordamiento del descontento social que se había ido acumulando desde el regreso de Ortega al poder que había producido un fuerte deterioro de las libertades civiles; la abolición de la separación de poderes al someter todas las instituciones del Estado a la presidencia; el fraude electoral cada vez más evidente; la venta de parte del territorio del país a una empresa china para la construcción de un canal interoceánico; el adoctrinamiento en el sistema educativo; y la utilización del Estado con fines partidistas.

A las protestas, el régimen de Ortega respondió con la represión causando víctimas civiles, indignación general y protestas generalizadas: manifestaciones, bloqueos de carreteras, huelgas. La población exigía el fin de la violencia y la dimisión del presidente Daniel Ortega y de su esposa Rosario Murillo, vicepresidenta.

Se desconoce el número exacto de muertos y desaparecidos. Según una actualización de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hay documentados 355 asesinatos cometidos por el régimen.

Tras reprimir protestas, desmantelar bloqueos y procesar a dirigentes locales y nacionales, la represión se ha intensificado con secuestros y encarcelamientos, estableciendo un estado policial en todo el país. Hasta la fecha, hay al menos 190 presos políticos en la cárcel, sin contar los liberados que viven bajo una persecución continua. Hay más de 600 organizaciones de la sociedad civil de feministas, defensores de los derechos humanos e instituciones educativas que se han convertido en objetivos del régimen y han sido legalmente canceladas. Estas medidas autoritarias y de control dictatorial hacen que toda Nicaragua se encuentre ahora secuestrada por la presidencia con una sequela a gran escala de la migración. Desde el inicio de las protestas, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en Costa Rica, más de 100.000 personas han abandonado el país (Nicaragua. Tra silenzio ed esilio).

El caso de Dora Maria Téllez

Especialmente significativo es el caso de Dora María Téllez, histórica comandante de la revolución sandinista nicaragüense, encarcelada durante más de 500 días en la terrible prisión de El Chipote, a quien la Universidad París III - Sorbona Nueva concedió el doctorado honoris causa a finales de noviembre del año pasado, en homenaje a "su excepcional trayectoria política y científica y su compromiso con la democracia y la justicia social".

Al aceptar el doctorado en nombre de la presa, la periodista Chamorro hizo un llamamiento a los movimientos de izquierda y a los gobiernos de América Latina para que alcen su voz contra el régimen nicaragüense: "No se puede justificar una dictadura con el pretexto de la izquierda". (Nicaragua, l’audacia e la risata invincibile di Dora María Téllez).

Uno se pregunta por qué hoy no asistimos a una amplia campaña por su libertad y por la denuncia del régimen de terror de Ortega-Murillo. La desoladora respuesta es que, escribe Raúl Zibechi (Las izquierdas ante Dora María Téllez), salvo contadas excepciones, a las fuerzas políticas de izquierda y progresistas, no sólo en América Latina, no les interesan los derechos civiles, sino que sólo miran al poder; lo apuestan todo al poder y en aras del poder sacrifican la ética y la dignidad. Esto tiene su propia lógica: si el poder lo es todo, lo demás poco importa, pues está subordinado al objetivo principal.