El think tank estadounidense The Sentry (La centinela) sigue investigando los intereses empresariales y financieros de los países más inestables de África, con el objetivo de entender, y desenmascarar, a los que se benefician de y en las situaciones críticas y conflictivas. Más allá de los traficantes de armas que se benefician "por su trabajo".

Uno de los países más investigados es Sudán del Sur, cuya cúpula política y militar ya ha sido denunciada en varias ocasiones por The Sentry por su forma de gestionar los recursos nacionales, demostrando cómo, utilizando diferentes estrategias y métodos, ha conseguido embolsarse los beneficios, por ejemplo, del petróleo y otros minerales preciosos, y cómo ha conseguido poner en marcha actividades de las que han sacado provecho en casi todos los campos de la economía, en connivencia con varios cómplices extranjeros, gracias a los cuales también ha podido transferir las ganancias mal habidas al extranjero.

Para saber más, recomendamos la lectura de The Taking of South Sudan -La presa del Sud Sudan-, una serie de reportajes que se ha enriquecido con la quinta entrega de los últimos días.

El nuevo documento, Cash Grab, relata un escándalo financiero de una suma astronómica que ha privado al país de bienes esenciales en un momento especialmente crítico cuando la población estaba literalmente al borde de la inanición. El subtítulo es inequívoco: How a Billion-Dollar Credit Scam Robbed South Sudan of Fuel, Food, and Medicine - Cómo una estafa crediticia de miles de millones de dólares robó a Sudán del Sur combustible, alimentos y medicinas-.

Los hechos se refieren a una línea de crédito abierta entre 2012 y 2015 por un banco qatarí, el Qatar National Bank (Qnb), y el Stanbic Bank, que forma parte de un holding que presta servicios financieros en Kenia y Sudán del Sur.

El préstamo debía utilizarse para proporcionar cartas de crédito a los comerciantes que, utilizándolas como garantía, podrían cambiar la libra sur-sudanesa (Ssp) cuyo tipo de cambio oficial era entonces de 3,16- en dólares y pagar las mercancías importadas una vez que llegaran a su destino.

El país se encontraba entonces en una situación financiera muy crítica. Debido a una disputa sobre los derechos de paso de su crudo en las instalaciones petrolíferas sudanesas, había bloqueado su extracción, privándose prácticamente de la única mercancía exportada y fuente de divisas gastables en el mercado internacional.

Las cartas de crédito debían solucionar la falta de dólares en el país, permitiendo así la importación de bienes esenciales.

En 2012, cuando se abrió la línea de crédito, el 37% de la población estaba al borde de la inanición. Las cosas empeoraron drásticamente con el estallido de la guerra civil en diciembre de 2013. En junio de 2015, según el Global Hunger Index -una herramienta multiestadística que mide el nivel de hambre en más de un centenar de países de todo el mundo-, la mayoría de las zonas del país se encontraban en situación crítica y varias se consideraban ya en emergencia por hambruna.

La situación era muy parecida por la atención sanitaria, con 4 millones de personas que necesitaban una intervención inmediata y un 20% de los centros sanitarios que no podían intervenir por falta de combustible para la maquinaria necesaria al diagnóstico y al tratamiento, e incluso para los medicamentos básicos.

Hoy, según las estimaciones de las agencias pertinentes de la ONU, hay unos 7 millones, el 60% de la población, de sudaneses al borde de la hambruna.

Si la línea de crédito hubiera funcionado como estaba previsto, se podría haber amortiguado la crisis financiera y evitar el dramático deterioro de las condiciones de vida de la población. Pero las cosas resultaron muy diferentes.

Los investigadores de The Sentry descubrieron que, desde el principio del programa, se adjudicaron contratos multimillonarios a empresas extranjeras de fachada y comerciantes mayoristas sin experiencia internacional. Muchos de los beneficiarios podían ser miembros de la cúpula dirigente, entre ellos familiares del presidente Salva Kiir, el entonces gobernador del banco central, Kornelio Koriom, y varios oficiales superiores del ejército.

En muchos casos, faltaban contratos de compraventa debidamente firmados, mientras que el banco central no había realizado los controles y el seguimiento adecuados de la aplicación del programa.

Además, los documentos oficiales analizados por los investigadores prueban que se transfirieron enormes sumas a bancos kenianos y ugandeses sin la necesaria prueba de que eran pagos por bienes realmente recibidos.

En esencia, el país había sido despojado de millones de dólares en alimentos, combustible y medicamentos básicos, mientras la población moría literalmente de hambre y enfermedades.

La situación ya estaba claramente descrita en el informe presentado al presidente y al parlamento por el Auditor General del Estado (equivalente a nuestro Tribunal de Cuentas) a finales de 2015. Describe la confusión de procedimientos que ha facilitado la estafa, pero no nombra a los defraudadores.

Tras la denuncia no hubo investigaciones y, por tanto, nadie pagó por el robo de dinero destinado al país. No hubo ninguna acción legal, ni política, incluso después de que el informe del Auditor General se difundiera en las redes sociales en agosto de 2021.

No es casualidad que en 2021 Sudán del Sur ocupe el primer lugar en el índice de corrupción que elabora anualmente Transparency International.

Por supuesto, el gobierno de Sudán del Sur nunca ha pagado sus deudas. El Banco Nacional de Qatar inició una acción legal en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones y el pago de la deuda fue reprogramado. Por supuesto, se reembolsará con cargo al presupuesto del Estado.

Un Estado cuyas arcas han sido largamente saqueadas, como denunció hace un año la Comisión de Derechos Humanos, según la cual dirigentes políticos, militares y empresariales de Sudán del Sur han desviado ilegalmente decenas de millones de dólares.

Así, los sur-sudaneses han sido robados dos veces: primero, de los recursos necesarios para abastecerlos de bienes esenciales, y segundo, de los que deben ser utilizados para cubrir el robo perpetrado por sus gobernantes. Recursos que podrían haber aliviado la profunda crisis del país y el sufrimiento de su población.

Ver, Sud Sudan. Nuova maxi truffa sulla pelle dei cittadini