La corrupción en África «sigue siendo un problema grave». Así lo afirma el último informe de Transparency International, que muestra que la mayoría de los países del África subsahariana se sitúan entre los últimos puestos en el índice global de percepción de la corrupción.

El Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) mide 182 países y territorios, analiza los desafíos de gobernanza, las tendencias de la corrupción y su impacto sobre el desarrollo y la democracia. Según este análisis, 10 de los 49 países de la región subsahariana han registrado un deterioro significativo, mientras que solo 7 han mejorado, lo que pone de manifiesto que los actuales esfuerzos anticorrupción no están produciendo los resultados esperados.

La evaluación se basa en puntuaciones que van de 0 (altamente corrupto) a 100 (sin corrupción). Con una puntuación media de 32 sobre 100 y solo 4 de los 49 países de la región con una puntuación superior a 50, el África subsahariana se clasifica como la región con el rendimiento más bajo en el índice global de los 182 países.

La clasificación de los países africanos

Los países con las puntuaciones más bajas son Somalia y Sudán del Sur (9 cada uno), Eritrea (13) y Sudán (14). Puntuaciones muy bajas también se registran en Guinea Ecuatorial, Burundi, la República Democrática del Congo, Guinea-Bissau y Comoras.

Con una puntuación de 68, Seychelles se clasificó en el primer lugar de la región. Sin embargo, el informe ha destacado crecientes preocupaciones sobre la eficacia de las medidas anticorrupción en el país, citando retrasos en las investigaciones y en las acciones judiciales en un caso relacionado con el presunto blanqueo de 50 millones de dólares.

Seychelles es seguida por Cabo Verde con una puntuación de 62, mientras que Botsuana y Ruanda obtuvieron 58 puntos. Cabe subrayar la posición de Mozambique, con una puntuación de 21, que ha registrado una caída de 10 puntos en la última década.

Los datos citados en el informe muestran que en el primer trimestre de 2025 se registraron 334 nuevos casos de corrupción, con pérdidas de aproximadamente 4,1 millones de dólares.

Madagascar y Angola

Otras situaciones particulares también se señalan, entre ellas la de Madagascar (25), donde graves y persistentes problemas de corrupción fueron un factor desencadenante de las revueltas de la Generación Z que condujeron a la caída del gobierno en octubre de 2025. Los manifestantes denunciaban, entre otras cosas, el uso indebido de fondos públicos, causa de las crónicas interrupciones en el suministro de agua, electricidad y otros servicios, así como la impunidad de los funcionarios corruptos.

Otra situación destacada en el informe es la de Angola (32). Aunque el país ha adoptado a lo largo de los años medidas para combatir la corrupción y parecía haber logrado avances en la última década, todavía se sitúa en la parte inferior del índice. Esto significa que muchos angoleños consideran insuficientes los esfuerzos anticorrupción de su gobierno.

El impacto en la gobernanza

Los datos publicados por el CPI muestran, por tanto, que la corrupción es un problema generalizado y sistémico más que un fenómeno aislado. En África, las puntuaciones persistentemente bajas suelen estar asociadas a instituciones estatales frágiles, independencia judicial limitada, espacio cívico restringido e inestabilidad política prolongada.

Los países que ocupan los últimos puestos suelen enfrentarse a múltiples debilidades de gobernanza que se superponen. Entre ellas se encuentran sistemas judiciales politizados, débiles mecanismos de control y equilibrio de poderes, libertad de prensa limitada y protección inadecuada de los denunciantes y de las organizaciones de la sociedad civil.

En tales contextos, la corrupción se arraiga profundamente en la vida pública, influyendo en la manera en que se ejerce el poder y en la distribución de los recursos del Estado.

Las consecuencias son de gran alcance y van desde la mala gestión de las finanzas públicas y el deterioro de las infraestructuras hasta la reducción de la confianza de los inversores y la erosión de la confianza pública.

La corrupción, en esencia, sigue siendo uno de los obstáculos más graves para el desarrollo y una de las causas del aumento de la desigualdad, factores que afectan directamente a la vida cotidiana.

Sin olvidar que, como en un círculo vicioso, la debilidad de la democracia genera conflictos armados, inseguridad y crecientes disturbios civiles. Conflictos que, a su vez, contribuyen a la expansión de la corrupción y a la mala gestión de los fondos públicos. Todo ello en detrimento de las personas más vulnerables.

Desconfianza en las instituciones

Para demostrar hasta qué punto incluso los espacios más importantes de la democracia no son considerados suficientemente transparentes, se puede citar el último estudio de Afrobarometer relativo a las elecciones.

Del análisis se desprende que los africanos desean elegir a sus líderes mediante elecciones justas, pero la mayoría desconfía del organismo de gestión electoral encargado de garantizar su equidad y transparencia.

El informe, basado en 50.961 entrevistas realizadas en 38 países africanos en 2024/2025, muestra sin embargo que una amplia mayoría de los ciudadanos declara participar en el proceso electoral. Por lo tanto, hablamos de ciudadanía activa. Sin embargo, después llega la decepción. Si más de la mitad de los encuestados considera que las últimas elecciones en su país no fueron en gran medida libres ni justas, la confianza en la integridad electoral se ha debilitado. En 28 países estudiados de manera constante desde 2014/2015, la percepción de elecciones libres y justas ha disminuido en 7 puntos porcentuales.

El voto auto declarado es más elevado entre los grupos de mayor edad (82%), lo que probablemente indica que la desconfianza afecta sobre todo a las generaciones jóvenes. La mayoría afirmó sentirse libre de votar sin presiones y de adherirse a organizaciones políticas. Sin embargo, un número considerable de entrevistados afirma haber temido violencia o intimidaciones durante la campaña electoral y duda de que sus votos sean realmente secretos. Solo alrededor de 4 africanos de cada 10 (38%) afirman confiar «bastante» o «mucho» en el organismo de gestión electoral de su país.

Otro elemento relevante es que la gran mayoría de los ciudadanos afirma que los representantes electos no escuchan ni satisfacen las demandas del electorado. Solo el 17% afirma que sus parlamentarios «a menudo» o «siempre» hacen todo lo posible por escuchar lo que la gente común tiene que decir.

Valentina Giulia Milani, en un artículo del 18 Febrero 2026 en la revista Africa, afirma que este informe de Transparency International «retrata un continente aún lejos del umbral crítico de los 50 puntos. Donde la corrupción es más alta, el acceso a la sanidad, la educación y el agua es más difícil, y son siempre los más pobres quienes pagan el precio». El panorama que se desprende es complejo, con diferencias internas entre África subsahariana y el norte de África, pero «en conjunto marcado por niveles de corrupción percibida todavía elevados». «África subsahariana se confirma como la región con la media más baja del mundo, con 32 puntos. En el norte de África, las puntuaciones también permanecen por debajo del umbral de los 50 puntos: Túnez 40, Marruecos 37, Egipto 35, Argelia 34 y Libia 18. Ninguno de los países norteafricanos supera el umbral que Transparency International considera indicativo de una percepción relativamente contenida de la corrupción».

El informe relaciona la percepción de la corrupción con la calidad de los sistemas políticos e institucionales. «A nivel mundial, las democracias plenas registran una media de 71 puntos, las democracias imperfectas 47, mientras que los regímenes no democráticos se sitúan en 32 puntos, el mismo valor que la media del África subsahariana». Sin establecer automatismos entre categorías políticas y áreas geográficas, resulta evidente una correlación entre la independencia judicial y niveles más bajos de corrupción.

El informe señala otro elemento: los países con un espacio cívico «abierto» tienen una media CPI de 68 puntos, frente a los 32 de los contextos «represivos» y los 30 de los «cerrados». La restricción de la libertad de expresión, de prensa y de asociación limita la capacidad de denunciar abusos y refuerza la opacidad en la gestión de los recursos públicos. «El informe relaciona la corrupción con la calidad de los servicios públicos y la sostenibilidad de las finanzas estatales: desvío de fondos, contratos inflados y pagos informales pueden comprometer el acceso a la sanidad, la educación, el agua y la energía, afectando con mayor intensidad a los grupos de bajos ingresos y reduciendo la capacidad de los Estados para invertir en infraestructuras y políticas sociales».

Africa e corruzione: l’impatto su democrazia e sviluppo