Hay momentos en la historia en los que la pregunta decisiva no es quién tiene más fuerza, sino si todavía existe un orden capaz de contenerla. Cuando el derecho internacional y las instituciones llamadas a sostenerlo se debilitan, el poder tiende a ocupar su lugar.

El “derecho internacional” nació con hombres como Francisco de Vitoria que concebían al conjunto de las naciones como una comunidad moral y jurídica ordenada hacia el bien común. Cuando el derecho deja de ordenar la fuerza hacia el bien, se disuelve en violencia. Justo por esta razón, el mundo necesita la reforma de la ONU, y en particular, la reforma de su Consejo de Seguridad.

¿Qué significa “reforma”?

Primero: representatividad. Un órgano que decide sobre paz y seguridad global no puede reflejar indefinidamente el mapa de poder de 1945. América Latina, África y amplias regiones de Asia reclaman, con razón, mayor peso. La legitimidad política es parte de la eficacia jurídica: un Consejo percibido como club de élite pierde autoridad moral y capacidad de convocatoria.

Segundo: límites al veto. El veto nació para evitar una ruptura entre grandes potencias; hoy, con demasiada frecuencia, opera como un seguro de impunidad. Se requieren mecanismos que impidan que un solo actor bloquee la acción colectiva.

Tercero: vías automáticas de salida a la parálisis. Si el Consejo no actúa, debe activarse sin demora un canal institucional con mayor legitimidad universal —por ejemplo, la Asamblea Genera— que permita decisiones coordinadas y verificables, no meras declaraciones.

Cuarto: y lo más difícil, mecanismos coercitivos creíbles bajo mandato multilateral, con controles estrictos. Sin capacidad de coerción legítima, el derecho internacional queda reducido a exhortación.

Aquí, la Doctrina Social de la Iglesia ofrece una brújula: la paz no es ausencia de guerra, sino fruto de la justicia; y la comunidad internacional necesita instituciones que sirvan efectivamente al bien común. Esto implica realismo: la ley sin fuerza es frágil. Pero también implica moralidad: la fuerza sin ley es tiranía. El punto de equilibrio es una autoridad internacional limitada por el derecho, con estructura subsidiaria, orientada a la dignidad humana, y controlada por reglas claras. Así lo veía Benedicto XVI (“Caritas in veritate”, n.67).

En el momento actual nos encontramos ante la disyuntiva: o se fortalece un orden internacional donde el poder esté sometido al derecho, o regresamos a un escenario donde el derecho es sólo el lenguaje decorativo de los vencedores. Renovar la ONU no garantiza en automático la paz. Pero no renovarla, apunta a que la ley del más fuerte vuelva a ser la gramática habitual de la política mundial.

Por cierto, el Papa León XIV no es ajeno a una perspectiva en la que el poder resulte acotado. Al mirar de frente el caso de Venezuela, dice: “El bien del querido pueblo venezolano debe prevalecer por encima de cualquier otra consideración y llevar a superar la violencia y emprender caminos de justicia y paz, garantizando la soberanía del país, asegurando el Estado de Derecho inscrito en la Constitución, respetando los derechos humanos y civiles de todos y cada uno” (4 de enero 2025).

Ver, Cuando el poder sustituye al derecho  

Secretario de la Pontificia Comisión para América Latina*

Foto. Marco Rubio y Donald Trump, octubre 2025 © Evan Vucci / AP photo