La situación es “una consecuencia sin precedentes de que algunos Estados miembros de la ONU retrasen los pagos vencidos a la Organización”, lo que afecta profundamente a la ACNUDH, pese a que su presupuesto, siendo solo 3,7%, representa una mínima parte del presupuesto total ordinario de la ONU. Anna-Karin Holmlund, abogada principal de la ONU en Amnistía Internacional, dijo a IPS que “está profundamente preocupada por la demora de los estados miembros en el pago de sus contribuciones, lo que tendrá un efecto directo en la capacidad de la ONU para llevar a cabo su vital trabajo en defensa de los derechos humanos”.

Sin estos fondos, los mecanismos de derechos humanos de la ONU y los tribunales internacionales podrían verse gravemente afectados. Para el 10 de mayo, solo 44 Estados miembros de la ONU, de un total de 193, habían pagado todas las cuotas adeudadas. “Desafortunadamente, esto es solo lo último en una tendencia preocupante de reducción en el presupuesto de la ONU asignado a sus organismos de derechos humanos”, subrayó. Además de la posible cancelación de las sesiones de los órganos vinculados a tratados específicos, los mecanismos creados por el Consejo de Derechos Humanos, el máximo órgano de la ACNUDH, también podrían verse obstaculizados en sus mandatos. Se trata de las misiones y las comisiones de investigación que monitorean violaciones graves de los derechos humanos en los países, lo que suele crear fricciones con los gobiernos involucrados.

La ACNUDH dijo que eso significaba que no se realizarán según lo programado las revisiones ya programadas con los Estados miembros, así como el análisis de las denuncias por parte de víctimas individuales de violaciones graves de derechos humanos, como tortura, asesinatos extrajudiciales, desapariciones forzadas. “La cancelación de las sesiones también tendrá otras consecuencias negativas y socavará gravemente el sistema de protección que los propios Estados han implementado durante décadas”, dijo un comunicado emitido por la ACNUDH.

Los presidentes de los 10 Comités adscritos a la ACNUDH están preocupados por las consecuencias prácticas de cancelar estas sesiones y han enviado una carta al secretario general de la ONU y a la propia alta comisionada, en que solicitan que, junto con los Estados miembros, exploren como solventar la situación.

Alexandra Patsalides, oficial del programa de Igualdad Legal en Equality Now, una organización internacional de defensa de los derechos de las mujeres y las niñas, está profundamente preocupada de que las sesiones se hayan pospuesto por causas financieras. Entre los órganos afectados está el Comité de Convención para eliminar la Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Patsalides destacó que la crisis se produce particularmente en un momento en que los derechos de las mujeres se socavan y erosionan continuamente en todo el mundo, y las organizaciones de la sociedad civil operan en un espacio siempre más criticado y reducido.

A su juicio, la ONU debería pedir enérgicamente a los estados miembros que prioricen sus obligaciones internacionales de derechos humanos. “Los órganos de los tratados de la ONU son vitales para responsabilizar a los estados por sus compromisos con los derechos de las mujeres y las niñas, y ahora es el momento de aumentar la respuesta internacional, no de recortarla”.

Estas sesiones de revisión ofrecen a las organizaciones de la sociedad civil una oportunidad determinante para que sus gobiernos rindan cuentas de sus compromisos internacionales en favor de los derechos humanos y aumenten la conciencia sobre las violaciones en sus países. En particular, con el retroceso en los derechos de las mujeres en todo el mundo, ahora es más urgente que nunca que los diversos mecanismos se levanten para defender lo ganado con gran esfuerzo, señaló. “Los órganos de tratados de la ONU son a menudo el único mecanismo para que las mujeres y las niñas hagan que sus países rindan cuentas de las violaciones de sus derechos”, afirmó la integrante de Equality Now. “No podemos permitir que estas voces sean silenciadas y pedimos a la ONU que priorice la protección de los derechos de las mujeres y las niñas”.

Los recortes presupuestarios se producen en un momento en que la ONU se enfrenta a una serie de reveses en el campo de los derechos humanos. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Burundi se cerró en febrero por exigencia del gobierno. La alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó su “profundo pesar”, por el fin de 23 años de presencia. A fines de marzo la ONU se vio forzada a instar a Eritrea que investigue las denuncias de ejecuciones extrajudiciales, tortura y esclavitud cometidas por sus fuerzas de seguridad. Bajo la administración de Donald Trump, Estados Unidos dejo de cooperar con algunos de los relatores de la ONU, específicamente en una investigación sobre la situación de los migrantes en la frontera con México donde entre otras violencias, hubo abusos sexuales, que no han sido ni denunciados ni procesados.

El gobierno de Myanmar ha prohibido la visita al país de un experto de la ONU que debía investigar sobre el estado de los refugiados Rohinyás. Sobre Colombia, Robert Colville, portavoz de la comisionada para los Derechos Humanos, dijo el 10 de mayo: “Estamos alarmados por el chocante número de activistas asesinados, acosados o amenazados en Colombia, y el hecho es que esta terrible tendencia parece empeorar. Pedimos a las autoridades que hagan un esfuerzo significativo para enfrentar el patrón de hostigamiento y ataques dirigidos contra los representantes de la sociedad civil y que tomen todas las medidas necesarias para enfrentar la impunidad endémica en torno a estos casos”. Apenas en los primeros cuatro meses de este año, señaló, se denunciaron 51 asesinatos de supuestos defensores y activistas de derechos humanos. Una cifra que se suma a la ya alarmante de 115 defensores de derechos humanos asesinados en 2018, según registros de la oficina en Colombia de ACNUDH.

Los 10 órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos en las Naciones Unidas son: el Comité de Derechos Humanos, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, el Comité contra la Tortura, el Comité sobre Trabajadores Migrantes, el Comité sobre Desapariciones Forzadas, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Comité para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer, el Comité sobre los Derechos del Niño, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Subcomité de Prevención de la Tortura.