Silencio mediático sobre la guerra en Sudán y sobre el terrible asedio de la ciudad de el-Fasher. Sin embargo, se trata de la crisis humanitaria más grave del mundo, con 150.000 muertos y 14 millones de desplazados.
Sudán está en guerra desde abril de 2023. El conflicto fue desencadenado por dos generales, Mohamed Hamdan Dagalo y Abdel Fattah al-Burhan, antiguos aliados que se disputan el control del país, decididos a combatir hasta el final, hasta la derrota total del adversario y de sus aliados. El primero tiene bajo su mando a las RSF (En sigla inglés - Fuerzas de Apoyo Rápido, una milicia paramilitar compuesta por 100.000, quizá 150.000 combatientes. El segundo, que de facto es el jefe del Estado, dispone del ejército nacional, de potencia aproximadamente equivalente. La guerra está provocando la peor crisis humanitaria del mundo y de las últimas décadas. Sobre una población de 50 millones de habitantes, se estima que las víctimas civiles ascienden a 150.000, los desplazados a 14 millones, de los cuales tres millones son refugiados en países vecinos, y 26 millones de personas tienen una necesidad extrema de ayuda, la mayoría afectadas por desnutrición aguda.
La región más golpeada, aquella donde la población paga el precio más alto, es Darfur, una de las nueve provincias en que se divide Sudán. Allí, la guerra entre los dos generales se ve agravada por factores tribales, los mismos que estuvieron en el origen del conflicto iniciado en 2003 y concluido en 2020, con un balance de más de 300.000 civiles muertos y tres millones de desplazados. Entonces, como ahora, el conflicto enfrentaba a tribus de origen africano y a tribus de origen árabe, y constituyó un enfrentamiento profundamente desigual, ya que el gobierno sudanés armó, financió y proporcionó apoyo técnico y logístico a las tribus árabes y a sus combatientes, los janjaweed (“diablos a caballo”), conocidos y temidos por la ferocidad con la que fueron autorizados a ensañarse contra las poblaciones no árabes. El entonces presidente, Omar al-Bashir, por haber instigado tal violencia, fue denunciado ante la Corte Penal Internacional, acusado de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
Tras 2020, los janjaweed confluyeron en las RSF. De nuevo se ensañan contra las poblaciones de origen africano, que por ello han tomado partido junto al general al-Burhan. Darfur lleva meses en gran parte bajo el control de las RSF. El único gran centro urbano en el que el ejército gubernamental aún resiste es el-Fasher, asediado por las RSF desde mayo de 2024. Es en esa ciudad donde se consuma la tragedia humanitaria más grave de todo Sudán. Allí permanecen atrapadas unas 260.000 personas, aproximadamente la mitad menores de edad: todas aquellas que no lograron huir durante los 17 meses de asedio. Cuántas han muerto entretanto se desconoce y probablemente nunca se sabrá. Pero se sabe de qué se muere: asesinados por los bombardeos y los disparos, víctimas de enfermedades y del hambre. En el-Fasher hay personas reducidas a comer hojas, hierba y, finalmente, incluso tierra, con la esperanza de obtener algún sustento. Otros mueren por heridas y enfermedades no tratadas, por epidemias como la del cólera, durante meses, hasta que se extinguió tras llevarse más de 2.500 vidas.
Se muere así porque casi todos los hospitales y dispensarios están inoperativos y desde hace tiempo han agotado las reservas de medicamentos, y porque las RSF utilizan el hambre como arma de guerra: no permiten la entrada de suministros, ni siquiera de alimentos y medicinas, y prohíben el acceso a las organizaciones humanitarias. Alrededor de la ciudad han construido muros para impedir la entrada de ayuda y de trabajadores humanitarios y para evitar que los habitantes, de facto retenidos como rehenes, salgan de ella.
Esta es la situación, que empeora día tras día en una escalada de atroces crímenes contra la población civil. Por ello, el 2 de octubre 2025, representantes internacionales de la Iglesia católica, entre ellos la Conferencia Episcopal de Sudáfrica y Pax Christi USA, junto con más de 100 asociaciones civiles y humanitarias, publicaron una carta abierta en la que solicitaban con urgencia protección para los civiles y, sobre todo, la apertura de corredores humanitarios para permitir que la ayuda llegue a la población y que los habitantes atrapados en la ciudad puedan marcharse, si así lo desean, sin correr el riesgo de ser asesinados.
Entrevistado por la agencia ACI Africa, Telley Sadia, delegado para Sudán de la Agencia Católica para el Desarrollo de Ultramar, deploró que la situación de el-Fasher y del conjunto de Sudán sea una guerra ignorada por los medios de comunicación internacionales pese a su gravedad. Por ello pidió que se dé espacio y voz al país. Pero, sobre todo —afirmó—, se requieren intervenciones oportunas y decididas que no se limiten a palabras de condena. Se necesita «una acción firme de la comunidad internacional para impedir la masacre incesante de los civiles atrapados en el-Fasher. Debe elaborarse y ejecutarse con urgencia un plan de acceso humanitario conforme al derecho internacional humanitario. Es preciso promover acuerdos vinculantes entre las partes en conflicto para garantizar el respeto y la protección de los civiles».
Pero los contendientes no han acogido estas peticiones. Una característica del conflicto, que lo hace tan cruento, es la voluntad de ambas partes de golpear a los civiles que viven en los territorios controlados por el adversario: víctimas, por tanto, no como efecto colateral de la guerra, sino como objetivo deliberado. Unos 470.000 habitantes de el-Fasher lograron huir de la ciudad, sobre todo en los primeros meses del asedio. Se habían refugiado en campamentos de desplazados habilitados para ellos y para los demás desplazados de la región: al menos a salvo, se creía, aunque en condiciones de extrema fragilidad debido a la desnutrición aguda, a las pésimas condiciones de vivienda e higiene y a la insuficiente asistencia sanitaria derivada de las restricciones impuestas a los socorros, a menudo bloqueados durante días y semanas. El mayor campamento, Zamzam, albergaba a más de 700.000 desplazados cuando, el pasado abril, ocurrió lo inimaginable. Las RSF lo atacaron y, tras bombardearlo, se apoderaron de él matando a miles de personas. Cientos de miles de desplazados, quizá 400.000, emprendieron la huida e intentaron ponerse a salvo, muchos recorriendo decenas de kilómetros ya desprovistos de todo. Muchos murieron en el camino, de hambre y sed. El 13 de abril el campamento estaba en manos de las RSF. Dos días después, el Reino Unido, la Unión Africana y la Unión Europea convocaron una conferencia con el intento de iniciar una mediación entre las partes. Los representantes de los dos generales ni siquiera se presentaron. Ese mismo día, el líder de las RSF, el general Dagalo, anunció la creación de un gobierno alternativo al vigente. «Estamos construyendo —dijo— el único futuro realista para Sudán, un gobierno de paz y unidad, el verdadero rostro de Sudán».
Pero es un rostro que Sudán, en guerra prácticamente de manera continua desde el año de su independencia en 1956, nunca ha tenido y que aún tardará mucho en tener.
Ver, Sudan, la guerra e lo sterminio che non fanno notizia
Según recientes informes de las Naciones Unidas y de organizaciones de derechos humanos, la situación en Darfur se ha deteriorado gravemente después de que las Rapid Support Forces (RSF) tomaran el control de la mayor parte de la región, en particular tras la caída de El Fasher en octubre de 2025. Investigaciones internacionales han concluido que las operaciones de las RSF presentan «características de genocidio», con asesinatos masivos, violaciones sistemáticas, destrucción de infraestructuras civiles y persecuciones étnicas contra comunidades no árabes, como los fur y los zaghawa. La toma de El Fasher —último gran bastión del ejército sudanés en Darfur— fue seguida por días de masacres y por una campaña de violencia organizada contra la población civil, con miles de muertos y decenas de miles de desplazados.
Hoy, gran parte de Darfur se encuentra de facto bajo el dominio de las RSF, mientras continúan los ataques contra aldeas, campamentos de refugiados y estructuras sanitarias, alimentando lo que ya es la crisis humanitaria más grave del mundo, con millones de desplazados y riesgo de hambruna. Los investigadores de la ONU hablan de una violencia sistemática y planificada, con lenguaje genocida y el uso del objetivo étnico como elementos centrales de las operaciones militares. Sin una intervención internacional decidida, advierten, el riesgo de nuevas atrocidades masivas sigue siendo extremadamente alto.
Un artículo reconstruye los principales actores en el terreno y las causas del conflicto, con especial atención al papel de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), que deben gran parte de su fuerza al apoyo financiero y militar de los Emiratos Árabes Unidos. A través de datos de la inteligencia estadounidense, informes de las Naciones Unidas e investigaciones periodísticas internacionales, el artículo pone de relieve la existencia de una amplia red de intereses económicos y geopolíticos vinculados a la extracción de oro en Darfur y al control de los puertos en el mar Rojo, atribuible por un lado a los Emiratos y por otro a las FAR. La comprensión de estas dinámicas profundas, poco conocidas por el gran público, constituye un elemento indispensable para intentar detener la más grave crisis humanitaria de nuestro tiempo y conducir a una pacificación duradera del país. Véase, Le cause della guerra in Sudan e il ruolo degli Emirati Arabi Uniti Ver también Emiratos Árabes Unidos mantiene viva la guerra civil en Sudán con su apoyo encubierto al grupo paramilitar RSF
Foto. Personas desplazadas tras los ataques de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) contra el campamento de desplazados de Zamzam, refugiadas en la ciudad de Tawila, en Darfur del Norte, Sudán, 15 de abril de 2025 © Picture Alliance / REUTERS | Stringer
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