En las entrañas de Yasuní se encuentra la mayor reserva de petróleo de Ecuador: más de 1672 millones de barriles de crudo, lo que lo convierte en el mayor proyecto en la historia de la explotación petrolera en este país latinoamericano. Sin embargo, los alrededores que resguardan este recurso son un área natural protegida. El Bloque petrolero 43 llamado ITT (Ishpingo, Tambococha, Tiputini), tiene una extensión de casi 2000 hectáreas, 100 de ellas dentro del Parque Nacional Yasuní, designado por la Unesco en 1989 como reserva de la biósfera, un símbolo para Ecuador y el mundo.

Los estudios estiman que en él existen 150 especies de anfibios, unas 600 de aves, más de 3000 de flora, haciéndolo una de las zonas más biodiversas del planeta. Allí vive también una población indígena en aislamiento voluntario que convive con el bosque y que necesita ser protegida.

Por tal motivo, desde fines de los años 90 se han promovido distintos mecanismos legales que buscan la conservación de esta porción de la Amazonia. Pero Ecuador vive desde hace tiempo con un dilema: ¿preservar este espacio único en el mundo o explotar sus hidrocarburos para cubrir su multimillonario déficit fiscal que a febrero de 2022 ascendía a 3700 millones de dólares.

Los peligros en el 43-ITT

El 6 de marzo de 2020, la estatal Petroamazonas EP (que luego se fusionó con Petroecuador), adjudicó un contrato de prestación de “servicios específicos integrados” para la perforar y completar 24 nuevos pozos en el Bloque 43 dentro del Yasuní ITT, en provincia de Orellana.

El contrato de 148 millones de dólares se adjudicó a la empresa china Chuanqing Drilling Engineering Company Ld. Los nuevos pozos permitirían incrementar la producción en alrededor de 7500 barriles de petróleo por día, según publicó Petroecuador en ese momento. Como parte de los trabajos anexos a los nuevos pozos, desde febrero de 2020 se inició la construcción de una carretera para conectar las distintas plataformas de explotación. El mes siguiente, imágenes satelitales del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP, por sus siglas en inglés) detectaron la construcción de esta carretera que salía de la plataforma Tambococha B hacia las plataformas Tambococha C, Ishpingo A y B poniendo en riesgo la conservación del territorio.

Casi dos años después, en enero de 2022, MAAP advirtió que la expansión de la vía llegaba a ubicarse a tan solo 300 metros de la Zona Intangible de los indígenas Tagaeri y Taromenane.

“En el presente reporte, basado en imágenes satelitales actualizadas, mostramos la reciente construcción de la plataforma Ishpingo B que se localiza a solo 300m del área de amortiguamiento de la Zona Intangible”, señala el informe publicado en la página web de MAAP.

Petroecuador responde

Tras dos meses de solicitudes, Petroecuador respondió por escrito al periódico Diálogo Chino sobre este informe pretendiendo que se cumple con los parámetros ambientales: “Todos los accesos construidos en el Bloque 43 forman parte de las autorizaciones otorgadas por el Ministerio de Ambiente […]. Previo al inicio de actividades constructivas de los accesos, se realiza una topografía ambiental a detalle. Participa un equipo multidisciplinario (biólogos, ambientalistas, constructores, técnicos) para identificar áreas biológicamente sensibles, como saladeros, comederos, bebederos, áreas de anidación, corredores ecológicos, árboles de importancia. Una vez identificados son conservados”.

Según Petroecuador, se busca “precautelar el equilibrio del ecosistema natural, reduciendo los efectos de la fragmentación ecológica y priorizando el normal desarrollo de las especies arbóreas y terrestres”, además hay “seguimiento a las condiciones físicas de cuerpos de agua, calidad de aire, niveles de presión sonora y emisiones a la atmósfera”. Sobre la adjudicación a la compañía china, Petroecuador aclara que “la licitación se realizó mediante un Concurso de Ofertas con bases previamente establecidas, revisadas y aprobadas por las autoridades competentes. La compañía Chuanquing Drilling Engineering Company Ld fue adjudicada una vez que superó los requisitos técnicos requeridos en las bases del concurso y presentó una oferta económica más baja en relación a la presentada por la compañía Sinopec (también china)”.

Lasso pro extracción

La exploración y explotación petrolera son importantes para el gobierno de Ecuador, que necesita reprogramar la deuda que tiene con China por más de 5000 millones de dólares. A China está ya  vendida parte de la producción todavía por hacer. Es así, que con apenas dos meses en el gobierno, el presidente Guillermo Lasso expidió en julio de 2021, una nueva política de hidrocarburos -el Decreto Ejecutivo 95 - para incrementar la producción petrolera.

“Hay campos petroleros viejos que hay que hacerlos más productivos y campos nuevos también. […] El desafío es incrementar la producción en aproximadamente 8% diario. Es decir, elevarla de unos 40 000 barriles diarios más”, dijo en una entrevista.

En la última semana de febrero de 2022, el ministro de Energía, Juan Carlos Bermeo, informó que el gobierno adjudicó el primer contrato para la perforación de pozos en el campo petrolero Ishpingo, en la cercanía del Yasuní, a la China National Petroleum Corp (CNPC). “Tenemos mucha esperanza en el campo Ishpingo”, dijo el ministro. La primera campaña de perforación en el área sensible involucrará 40 pozos hasta finales de 2023.

Ishpingo es la parte más reciente del prometedor campo petrolero ITT en la región amazónica de Ecuador […]. “Se espera que produzca petróleo pesado, que se agregará a la producción nacional del crudo Napo”, explicó Bermeo, a pesar de las denuncias por las obras realizadas en este lote.

Demandas contra el Estado

El Parque Nacional tiene una superficie de casi 10 000 kilómetros cuadrados, más extenso que Santiago de Chile, Buenos Aires, Ciudad de México, Lima, São Paulo, Bogotá, La Paz, Quito, y Caracas juntas. Y las presiones por explotar su subsuelo cada vez son mayores.

A lo largo de varias décadas, organizaciones ambientalistas nacionales y extranjeras han realizado distintas demandas para evitar el avance de la explotación petrolera en la selva amazónica, debido a las continuas reformas legales que dan mayor apertura a la extracción del crudo.

El Yasuní se convirtió en objeto de interés mundial en 2007, cuando el entonces presidente Rafael Correa lanzó un plan aparentemente innovador para atraer más de 3000 millones de dólares en donaciones de la comunidad internacional a cambio de mantener en el suelo el petróleo del parque.

El plan se derrumbó después de 5 años, supuestamente por la falta de suficiente compromiso con la iniciativa. Las perforaciones comenzaron en 2016.

La última petición de protección legal para el parque se produjo en septiembre de 2021. La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos - integrada por varias ONG ambientalistas- presentó un pedido de medidas cautelares en contra del Estado ecuatoriano para evitar la construcción de carreteras y el ingreso de plataformas petroleras dentro de la franja de amortiguamiento en el Bloque 43 del Yasuní ITT. El colectivo Geografía Crítica, que defiende el territorio, los derechos colectivos y de la naturaleza en Ecuador, presentó una acción legal para evitar esta explotación.

Manuel Bayón, representante de la organización, en entrevista con Diálogo Chino, dijo: “impulsamos distintas medidas cautelares” desde 2010. La más reciente es la de septiembre de 2021, por “la inminente afectación a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario”, los Tagaeri y Taromenane.

Pedro Bermeo, del colectivo Acción Ecológica, afirma: “Hemos alertado sobre el ingreso de trabajadores con maquinaria a la zona de amortiguamiento. Se movieron arbitrariamente los límites para construir la carretera, así como la implementación de instalaciones petroleras. Lamentablemente, pase lo que pase, el daño ambiental ya está consumado”.

Fallo histórico contra explotación

En el artículo 71 de la Constitución de Ecuador de 2008 se establecen los derechos de la naturaleza, o Pacha Mama, “para que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos”. Sin embargo, como se ha evidenciado, eso no ha detenido las acciones para la extracción del crudo.

Tras años de lucha, el 3 de febrero de 2022, la Corte Constitucional de Ecuador prohibió la ejecución de obras petroleras en la zona de amortiguamiento del Yasuní […].  La Corte Constitucional en su sentencia recordó que “ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales”. Pedro Bermeo afirma que, “a pesar de que los daños están consumados, se ha hecho un poco de justicia para los pueblos indígenas aislados del Yasuní” […].

“El Gobierno de Ecuador ve en nuestro territorio solamente los intereses de recursos. Exigimos respetar nuestra decisión de mantener nuestros territorios libres de petróleo y minería. No hay una verdadera política de desarrollo para la Amazonía”, dijo Nemonte Nenquimo, lideresa Waorani y presidenta de la organización Conconawep.

A pesar del fallo de la Corte y de los distintos esfuerzos por proteger Yasuní, los trabajos en este rincón de la Amazonia no se han detenido. En ese sentido, las poblaciones indígenas, así como diversas organizaciones, esperan que el Estado y las empresas vinculadas, pongan a la conservación por delante de la explotación.

Ver Yasuní: un parque nacional entre la explotación y la conservación