En realidad, el principio clásico de la soberanía histórica según Jean Bodin se ha suavizado notablemente. De facto, casi ningún Estado es plenamente soberano en la actualidad. Entre otras razones, porque el paradigma de los derechos fundamentales junto a los tratados y convenios internacionales impone obligaciones y límites a todos los Estados democráticos.

Esta aproximación nos enfrenta a potencialidades de importancia en la dinámica ambiental del planeta y su protección. Los ecosistemas, los recursos naturales, las pesquerías, el clima, sus relaciones e impactos desbordan cualquier límite territorial o político. Algo similar está sucediendo hoy con la terrible pandemia de la covid-19. Lo mismo sucede con las catástrofes naturales y su prevención y con las sequías.

Los fenómenos con implicaciones globales no conocen límites territoriales ni son receptivos a respuestas jurídicas locales. Sin embargo, se trata de una cuestión global escasamente tratada en las sucesivas cumbres climáticas de la ONU.

Un proceso de escala planetaria

El fenómeno del cambio climático tiene ya implicaciones en el medio ambiente global, en la calidad de las aguas dulces y oceánicas y en la configuración de las costas, por ejemplo. Ello supone que el principio de soberanía que acompaña a la aplicación del Derecho no es plenamente eficaz en materia ambiental ni facilita respuestas a las problemáticas climáticas globales.

El papel del Derecho internacional y los nuevos conceptos de soberanía vuelven a ser relevantes, puesto que la utilización política de los ordenamientos jurídicos se ha exprimido hasta límites insostenibles.

El sistema internacional impone una serie de límites al concepto clásico de soberanía. Los más importantes son los derechos humanos de todas las personas, hoy implicados directamente en la defensa del medio ambiente. Es fundamental dar pasos decididos hacia la consecución del derecho de la persona a un medio ambiente sano o equilibrado. Todos los seres humanos debemos ser sus destinatarios reales, más allá de cualquier otra consideración o límite jurídico.

Cambios en el concepto de soberanía

El concepto actual de soberanía comienza a alejarse del poder omnímodo de los Estados para acercarse a modelos de soberanía limitada o compartida. Sin embargo, existen Estados anclados en las nociones del pasado cuyos sistemas evitan someterse a los parámetros internacionales, o prefieren no compartir soberanía.

El ejemplo más evidente es el de Estados Unidos que, en general, practica una política contraria a la limitación de su soberanía o a la idea de compartir poder político, especialmente en el plano de la protección ambiental internacional.

Adicionalmente, la globalización y la economía libre de mercado han impuesto a las sociedades más desprotegidas límites a sus gobiernos (cada vez menos soberanos) y políticas. Estas limitaciones son de interés en materia de protección del medio ambiente. El ejercicio del poder y sus políticas públicas, de inversión, de infraestructuras y de transporte también deben sujetarse a controles. Se trata de importantes limitaciones cuantitativas y cualitativas para que estas políticas no puedan ser ejecutadas si van más allá de la capacidad de aguante de la biosfera. El objetivo es que los principios generales del desarrollo sostenible sean aplicados por todos.

Decisiones de inversión inteligente

También es necesario que las políticas de inversión y, en particular, las de gestación de nuevas infraestructuras, se ejecuten estableciendo los índices de rentabilidad social de sus impactos. Es decir, resulta imprescindible que las administraciones públicas se comprometan a elaborar y contrastar las inversiones mediante índices objetivos.

Esto implica conocer, medir, cuantificar y comparar opciones para que sea posible optar por aquella inversión o infraestructura que garantice una mayor rentabilidad social en términos de creación de empleo, impacto ambiental, número de usuarios, impacto en el transporte o de generación de servicio público.

Tenemos ante nosotros toda una serie de elementos objetivos y subjetivos que deben contribuir a que las administraciones públicas dibujen y ejecuten sus políticas midiendo la sostenibilidad y la rentabilidad en los tres ámbitos social, ambiental y económico. Es algo que se impone en el terreno de lo teórico y en la planificación. Sin embargo, la práctica demuestra que algunas decisiones se adoptan sin ninguna certeza sobre estos índices.

Se debe tomar conciencia de que la protección ambiental del planeta no puede basarse sobre una soberanía plena que ejecuta sus dictados sobre una determinada sociedad: hay necesidad de cambios conceptuales y prácticos. Ello afecta a la economía, al Derecho, a las cuestiones ambientales, al cambio climático, a las políticas energéticas y pesqueras, entre otras.

Las viejas recetas del ejercicio del poder político no son necesariamente válidas en la actualidad. Ello implica confiar en formas de poder compartido, directas o en red que deben generar una mayor participación activa de la sociedad. La naturaleza no se somete a nuestros límites territoriales y políticos. Por ende, necesitamos diseñar y desarrollar un Derecho más global y coercitivo para la protección ambiental del planeta Tierra.

https://theconversation.com/abordar-la-crisis-climatica-exige-un-derecho-global-139580

The law that could make climate change illegal

https://www.bbc.com/future/article/20200706-the-law-that-could-make-climate-change-illegal